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El exsecretario particular de Arturo Herrera Gutiérrez en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Roberto Carlos Hernández Cordero , se integró a la Procuraduría Fiscal de la Federación ( PFF ).
Ahora se desempeñará como subprocurador Fiscal Federal de Asuntos Financieros en la PPF, el también ex jefe de la Oficina de Coordinación del titular de la SHCP.
Es un abogado egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) del área de concentración de Régimen de la Administración y Finanzas Públicas.
También cuenta con estudios de Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM y un Máster Internacional en Microfinanzas e Inclusión Financiera por la Universidad Autónoma de Madrid y una Maestría en Administración Pública y Política Pública que realizó en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública en el Tecnológico de Monterrey, institución en donde actualmente realiza sus estudios de doctorado en Política Pública.
Recientemente participó en la Cátedra Hacienda-UNAM de la facultad de Economía y en la Conferencia Internacional de Impuestos que organiza cada año la Escuela de Derecho de la Universidad de San Diego.
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Fue parte del equipo de transición en la SHCP, y después asesor en diversos proyectos y en la elaboración de los paquetes económicos; después fue el tercer secretario particular del entonces titular de la SHCP, Carlos Urzúa.
Entre sus funciones como subprocurador de Asuntos Financieros en la PFF, se encuentran: formular o proponer los anteproyectos de iniciativas de leyes o decretos y proyectos de reglamentos, acuerdos, órdenes que el secretario proponga al Presidente de la República, y demás disposiciones de carácter general en materia financiera y de crédito público.
Realizar los proyectos de decreto relativos a monedas, de conformidad con lo establecido en la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
Solicitar a las unidades administrativas, órganos desconcentrados, entidades paraestatales sectorizadas de la SHCP y demás autoridades del sistema financiero, las propuestas de reformas, adiciones, derogaciones y abrogaciones a las disposiciones legales aplicables en materia de intermediación y servicios financieros, de crédito público y de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo y su financiamiento, y coordinar con ellas la elaboración y presentación de las propuestas ante las instancias correspondientes.
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