Casi 30% de la distribución de gas licuado de petróleo (LP) en el país es robado de ductos de Petróleos Mexicanos y está controlado por el crimen organizado.
A través de asociaciones, agrupaciones y sindicatos que actúan como “grupos de choque”, los delincuentes dedicados al huachicoleo y venta de gas LP robado tienen secuestrados a 10 estados del centro y se han convertido en una red de distribución clandestina que obtiene utilidades por 30 mil millones de pesos anuales, unos mil 500 millones de dólares a la paridad actual.
Sólo en Ciudad de México y Estado de México, autoridades federales tienen mapeada la actividad delictiva de 10 agrupaciones clandestinas y seudosindicatos vinculados a la problemática de la venta de este combustible —utilizado por ocho de cada 10 familias mexicanas—, por sus conductas ilícitas (extorsión, cobro de piso y agresiones).
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Son la Alianza de Autotransportistas y Comerciantes Metropolitanos (ACME), Sindicato Libertad, Organización de Pipas, Portatileros de Gas LP y Transporte en General (AGUM), Movimiento Unificado de Gaseros de la Zona Oriente, Asociación de Gaseros 2020, Unión de Gaseros de Tecámac (Los Selectos 09), Asociación de Gaseros Zona Xochimilco, Asociación de Gaseros Zona Oriente Agrícola, Unión de Gaseros de Cuautepec y Unión de Gaseros de Teotihuacán.
El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (Amexgas), Carlos Serrano Farrera, dijo a EL UNIVERSAL que bajo agresiones, amenazas y armas de fuego estos grupos de choque someten a distribuidores, usuarios y a autoridades municipales y estatales, fijando volúmenes de ventas y hasta precio.
“En la última milla, cuando el producto llega a los hogares es un problema serio, porque los consumidores no saben a quién dejan entrar a sus casas en el cambio de cilindros o de llenado de tanques estacionarios, si a un gasero o a un delincuente”, subrayó.
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Ilícito rentable
Empresarios que solicitaron el anonimato por cuestiones de seguridad comentaron que el “mercado negro de gas LP se ha convertido en una actividad muy rentable para agrupaciones ilegales, cuyas zonas de influencia van por Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Tamaulipas, consideradas las regiones de mayor demanda de este combustible”.
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Detallaron que el incremento de este delito, de acuerdo con carpetas de investigación e información de la Amexgas, es tal que en 2020 los huachicoleros realizaron 23 mil 323 tomas clandestinas en ductos de la petrolera para sustraerle este gas, más del doble de las perforaciones ilegales para el robo de gasolinas, que cerró el año en 11 mil 22, de acuerdo con estadísticas de la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Pemex.
“El origen del problema es el robo continuo y creciente a los ductos de Pemex, impacta negativamente a la petrolera y con ello al patrimonio de los mexicanos”, dijo el presidente de los gaseros.
Esto ha desembocado en un “mercado negro de distribución de gas robado mediante instalaciones, personas y equipos de reparto que no cumplen las condiciones mínimas de seguridad y protección al consumidor que establece la ley para garantizar la seguridad de 80% de los hogares mexicanos y de cientos de miles de empresas que usan gas LP”.
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Subrayó que los datos disponibles evidencian que en 2019 se registraron 13 mil 136 tomas clandestinas a lo largo de la red de 17 mil kilómetros de ductos de Pemex para sustraer gas LP, “y se estima que equivale a 58 mil toneladas robadas por mes, con valor de mercado de 13 mil 224 millones de pesos en ese año”.
Estas cifras se incrementaron en 2020, agregó: “El número de tomas clandestinas alcanzó las 23 mil 323 con estimado de 102 mil 950 toneladas robadas por mes, y un valor de mercado de 30 mil 168 millones de pesos en el año”.
Este incremento se explica, además, por el incremento de los precios internacionales de los energéticos, “que hizo más apetitoso y lucrativo el robo y venta de gas LP en México”.
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En los últimos tres años, las tomas clandestinas acumulan 49 mil 40, que representa 59% de las tomas acumuladas en 20 años.