Combate a factureras no incluye a servidores públicos, acusa exprocurador fiscal; desvían recursos por esa vía

El combate a factureros está mal enfocado, no incluye a los servidores públicos que están desviando recursos por esa vía, esquema que migró al huachicol, acusó el exprocurador fiscal, Carlos Romero Aranda.

Durante su participación en el Foro Nacional Fiscal 2025, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ahora como especialista en litigio fiscal y administrativo, el exfuncionario dio su punto de vista desde la parte privada.

Consideró que se está criminalizando al contribuyente, actuando en contra de los pobres, y no a los verdaderos responsables que están sangrando las finanzas públicas.

“En la reforma no hay uno que inhiba o vaya encaminado, primero a los factureros y segundo a los que desvían recursos públicos que son otro tipo de factureros”, aseguró.

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En la más reciente reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF), sostuvo, está equivocado el problema con el sistema que se implementa, rompe con el principio de legalidad y seguridad jurídica.

Destacó que eliminaron del artículo 19 Constitucional la propuesta de defraudación fiscal y en su lugar pusieron la compra-venta de comprobantes falsos, eso hace que se complique el esquema con un procedimiento al que calificó de “Frankestein” y el 113 Bis en donde pretenden darle el carácter penal sin reparación del daño.

“Ese procedimiento está viciado porque no permite defenderte dejando en un estado de indefensión y ata las manos a la autoridad”, manifestó.

Exprocurador fiscal asegura que problema no es el CFDI

Romero Aranda afirmó que la concepción del problema está mal enfocado desde el inicio.

Se está atacando únicamente al que recibe un comprobante fiscal Digital por internet (CFDI) que después de varios años pudiera ser catalogado ahora como falso, advirtió.

“Es como si tú quieres acabar con el problema de la droga, acabando con los consumidores”, consideró en el panel sobre el CFF.

El exservidor público recordó que cuando era titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, impulsó una reforma para que se equiparara a los factureros para poder identificar el origen.

La intención era ver cómo movían el dinero, tener escuchas, criterios de oportunidad y prisión preventiva, enfatizó.

En este sentido, señaló que una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad de dicha reforma, los factureros se fortalecieron, pues subió 55% la constitución de empresas fantasmas.

Además, aseguró que ese mismo esquema migró al huachicol, pero en el fondo es el mismo.

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Mencionó que por esa razón trataron de “callar” a la actual titular de la procuraduría fiscal, Grisel Galeano, cuando dijo que la evasión por huachicol era de 600 mil millones de pesos.

Incluso estimó que es un monto mayor porque simplemente entre lo que no se paga de IVA y por el impuesto sobre la renta (ISR), era de alrededor de 500 mil millones de pesos.

Si a eso se le suma el efecto de la inflación más el tema del huachicol, porque hay grupos criminales que tienen más de 2 mil empresas con igual número de contabilidades y domicilios sin tener materialidad para acreditar el servicio o la venta de bienes.

Generará corrupción

La socia del despacho de abogados y fiscalistas Mijares, Nora Morales, quien dijo estar en contra de la prisión preventiva oficiosa mostró su preocupación por la potencial corrupción que pudiera generarse ante la amenaza de tener un tema penal.

Explicó que una de las consecuencias es que si eres el receptor de alguien al que fueron a revisar y el SAT considera que está emitiendo comprobantes fiscales falsos, no tienes la única opción de reversar los efectos fiscales, sino te cancelan los sellos fiscales.

“Es una carga excesiva terrible, y se pone tras las rejas a esta industria de los comprobantes fiscales, porque a quiénes sí nos han puesto tras las cuerdas es a los contribuyentes cumplidos”, lamentó.

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