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Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) solicitó a una reunión urgente con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán y el gabinete de seguridad federal, para conocer qué medidas se están aplicando ante la crisis de inseguridad.
En un comunicado, el organismo patronal alertó que los recientes episodios de violencia en Michoacán y otras entidades evidencian la urgencia de una estrategia nacional de seguridad integral con enfoque preventivo, capaz de recuperar los espacios públicos, fortalecer las corporaciones locales y garantizar la protección de la ciudadanía.
"Demandamos una reunión inmediata del sector productivo y de asociaciones civiles con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, con el gobernador del estado y con su gabinete de seguridad. Es indispensable que expliquen qué está ocurriendo, qué acciones se están implementando y qué resultados esperan alcanzar", precisó.
El sindicato patronal solicitó una investigación profesional y transparente que permita esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
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Recordó que durante el Foro de Seguridad 2025 organizado por Coparmex, el secretario de Seguridad de Uruapan, general Francisco Nieto, expuso las carencias en armamento, capacitación y vehículos que enfrentaba el municipio. En ese contexto, destacó que el alcalde Carlos Manzo había iniciado un proceso de depuración y fortalecimiento de la corporación para mejorar las condiciones de los elementos policiacos.
Coparmex expresa su solidaridad
La Coparmex y sus 71 centros empresariales condenaron el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, y exigieron al Estado mexicano una respuesta contundente para frenar la violencia y restablecer la seguridad en el país.
De igual forma, expresó su solidaridad con la familia del alcalde y con los habitantes de Uruapan, al considerar que este hecho “representa una grave afrenta al Estado de Derecho y a la paz social que demandamos todos los mexicanos”.
En su posicionamiento, la organización lamentó que los crímenes contra funcionarios y ciudadanos sigan ocurriendo sin consecuencias, y advirtió que “la impunidad no puede seguir siendo una constante en los delitos contra servidores públicos, empresarios, periodistas y ciudadanos”.
Finalmente, refrendó su compromiso con la legalidad y la justicia, al advertir que México no puede resignarse a vivir entre la violencia y el miedo, pues la seguridad, afirmó, es la base indispensable para el desarrollo económico y social del país.
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