Bloqueo de cuentas resta confianza y eleva riesgo a inversión: Coparmex: pide atender vacíos legales y evitar discrecionalidad
Considera que debe ser obligatorio notificar la decisión inmediatamente al titular, con fundamentos claros
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de permitir el bloqueo de cuentas sin control judicial debilita el Estado de derecho, afecta la confianza, genera incertidumbre y riesgos a la inversión, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Los vacíos legales que deja la decisión deben de atenderse por el Poder Legislativo a fin de delimitar y regular los bloqueos, dijo el sindicato patronal y pidió que se definan los criterios para justificar un bloqueo.
“La resolución de la Suprema Corte no agota el debate; abre una responsabilidad directa para el Poder Legislativo y las autoridades regulatorias. Corresponde a ambos colmar los vacíos que la norma vigente deja sin resolver: el estándar mínimo de indicios que justifica un bloqueo, los plazos máximos de duración de la medida cautelar y los mecanismos de control que impidan su uso discrecional”.
Es necesario establecer un control judicial previo, de al menos seis horas y que la autoridad tenga un plazo para sustentar la medida de no más de 15 días.
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Advierten riesgos para el empleo por bloqueo de cuentas
La Coparmex consideró que debe de fijarse como obligación notificar inmediatamente al titular con fundamentos claros la decisión.
Así como, crear un régimen de responsabilidad por afectaciones infundadas, porque un bloqueo de cuentas, incluso cautelar, puede impedir el pago de nómina, proveedores o créditos, poniendo en riesgo empleos y la viabilidad del negocio.
Piden también transparencia, a través de la publicación de la información periódica sobre el uso de estas facultades.
En un comunicado, la Coparmex afirmó que “cuando el acceso a los recursos de personas y empresas puede restringirse sin controles judiciales previamente definidos, se abre un espacio de incertidumbre que impacta directamente en la estabilidad económica y contraviene lo establecido en el artículo 14 de nuestra Constitución y en diversos tratados internacionales que México ha ratificado”.
Agregó que el fallo “abandona el criterio fijado por su antecesora” y se genera un “precedente delicado para el Estado de derecho, al permitir afectaciones directas al patrimonio de personas y empresas sin reglas plenamente definidas, ya que le medida se puede tomar si hay “indicios suficientes” de posible vinculación con operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo.
Agregó que ello tensiona el principio de presunción de inocencia, con base en indicios sin una resolución judicial previa y coloca a personas y empresas en una posición de desventaja para su defensa.
Para la Coparmex “la inversión depende de la certeza en el entorno institucional. Cuando una autoridad puede restringir recursos sin control judicial previo, se afecta la confianza de inversionistas nacionales e internacionales. En un contexto de incertidumbre, decisiones que debilitan contrapesos o la protección de activos elevan el riesgo y reducen la disposición para invertir en el país”.
El sindicato patronal aseguró que ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el fallo de la Suprema Corte “resulta especialmente sensible” porque se afecta la percepción de riesgo.
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