Los secuestros en el país venían disminuyendo hasta el año pasado. Pasaron de 1,421 en 2012, a 1,084 en 2018. Esto ya cambió. Incluso con un subregistro superior al 90%, las cifras oficiales nos muestran el crecimiento de este delito. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los primeros cinco meses del año pasado, hubo 519 víctimas, mientras que, en los primeros cinco meses de este año, hubo 684; es decir, 165 víctimas más, un incremento del 32%.

En algunos estados, el número de víctimas de secuestro registradas está aumentando dramáticamente: Sonora reporta, en los primeros cinco meses de este año, un aumento de 2,400% en comparación con el mismo periodo del año pasado; Tlaxcala, de 500%; Aguascalientes, de 400%; la Ciudad de México, de 200%; Morelos, de 177%; y Veracruz, de 159%.

El secuestro no sólo está aumentando, se está volviendo más violento. Tan sólo en el Estado de México, hasta junio de este año secuestraron y asesinaron a 20 personas,  el mismo número de personas que en todo el 2018.

El aumento y radicalización del secuestro se debe a varios factores, pero aquí nos enfocaremos en uno de vital importancia: el abandono de las instituciones que hacen frente a este delito. La Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) —que fue un órgano clave para coordinar esfuerzos y acciones del gobierno federal y los gobiernos estatales— estuvo con encargado de despacho durante más de cinco meses. Esta semana fue designado Víctor Hugo Enríquez, quien pasó de suboficial en la Policía Federal a la seguridad privada, después brincó a jefe de la División de Investigación durante seis meses, y ahora a director de CONASE, sin conocimiento suficiente. Esta designación parece una burla a las víctimas de secuestro. Sin personas con experiencia difícilmente se puede detener el caos y menos prevenir el secuestro. Pero además, el gobierno le recortó el presupuesto, ya de por sí insuficiente: el año pasado, contaba con 75 millones de pesos; para este año, cuenta con 60.

Por su parte, la Fiscalía Antisecuestros de la Fiscalía General de la República perdió a su director, Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien renunció hace unos días. Ramírez Gutiérrez había logrado que la Fiscalía Antisecuestros tuviera importantes resultados, lo que le granjeó una buena relación con víctimas y activistas enfocados en combatir el secuestro.

Por si fuera poco, desaparecen a la Policía Federal, la cual se creó originalmente alrededor de una gran labor, precisamente en materia de combate al secuestro.

Es urgente que el gobierno federal deje de jugar con el tema de la seguridad. Es urgente que no salga con que tiene otras cifras. Es urgente que no maltrate a nuestros mejores policías, militares y fiscales. Es urgente que deje de destruir instituciones. Se trata de las vidas y del dolor de todos los mexicanos. Este tema no da para grillas, ni para campañas de imagen, ni para demagogia barata. Se debe reconocer el aumento y radicalización de este delito, y emprender de inmediato acciones para combatirlo. En particular, es necesario que aumenten los recursos para las instituciones y unidades antisecuestro; y que se nombren a servidores públicos experimentados, capacitados y comprometidos.

Es tiempo que el gobierno se asuma, de una vez, como gobierno. Un gobierno responsable. Un gobierno eficaz. Para eso es el poder… ¿o cuál es la idea?


Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMorera

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