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Desplazados por la violencia política-social en el ejido Puebla del municipio de Chenalhó aceptaron el nombramiento del nuevo comisionado para atender el caso, Alonso Méndez Guzmán, como alternativa para resolver el problema que los mantiene fuera del pueblo desde hace un año, informó Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik (Lo nuestro).
El activista dijo que los 241 indígenas aceptaron la propuesta gubernamental de un nuevo interlocutor para atender el tema del desplazamiento, cuyos protagonistas se reunieron ayer y expusieron sus demandas al funcionario.
Méndez Guzmán, quien sustituye a René Velasco, fue designado la semana pasada, y le expresamos el voto de confianza, expresó Cadenas.
Los 241 tzotziles dejaron sus viviendas el 26 de mayo pasado empujados por los hechos violentos del conflicto poselectoral, enmarcado por la disputa de la alcaldía entre la presidente municipal constitucional, Rosa Pérez Pérez, y el síndico Miguel Sántiz Álvarez.
El director de Ku’untik dijo que los desplazados, refugiados en una vivienda de San Cristóbal de las Casas desde febrero pasado, plantearon a Méndez Guzmán sus necesidades de alimentación, vivienda, salud, educación, entre otras.
Aunque las demandas “de fondo” son la liberación de Javier Cruz López y su hijo José Cruz Gómez, castigo a los homicidas de Guadalupe Cruz Hernández, cuyos hechos ocurrieron el 26 de mayo del año pasado, cuando se desplazaron.
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De igual manera piden reparación de daño y que se habiliten condiciones de seguridad para el retorno digno al poblado.
El abogado Cadenas detalló que el nuevo comisionado compiló el listado de necesidades y demandas de los desplazados, “con la promesa de que hará las gestiones correspondientes”.
Méndez Guzmán probablemente se reúna este miércoles con autoridades del ejido Puebla para tratar del tema de los desplazados, quienes desde hace varias semanas determinaron no pertenecer a partidos políticos.
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Además, puntualizó el activista, los indígenas retiraron su apoyo al síndico Sántiz Álvarez y a la alcaldesa Rosa Pérez, y decidieron sumarse a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
afcl
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