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Los Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia, publicados ayer, prevén crear una plataforma electrónica a través de la cual servidores públicos designados por el Poder Judicial pueden solicitar y recibir datos de empresas y comercializadoras de servicios de telecomunicaciones.

Las empresas de telefonía móvil y comercializadoras tienen dos años para adoptarla y, en tanto, deben tener un correo electrónico cifrado.

“Deberán enviar a la autoridad designada la respuesta a dicho requerimiento a través de un correo electrónico que contenga los archivos cifrados y a través de un segundo correo, enviarán la contraseña para que la autoridad designada descifre la información de los archivos remitidos”, indica el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

También deben contar con una página electrónica con control de acceso para que a través de ella se lleve a cabo el requerimiento y entrega de información a los servidores públicos.

Previo a la publicación de los Lineamientos, Telcel, Telefónica México y AT&T solicitaron una “ventanilla única” para comunicarse con las instancias de seguridad que les requieran información de los usuarios.

Los lineamientos publicados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que entran en vigor el 1 de enero de 2016, señalan que instancias de seguridad, procuración de justicia y administración de justicia designarán a los servidores públicos que podrán recibir la información sobre los datos, comunicación y geolocalización de los usuarios de telefonía móvil.

Gabriel Székely, director de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), adelantó a EL UNIVERSAL que las empresas de telefonía móvil están analizando los lineamientos para comentar al respecto.

Sin embargo, en su página web, la asociación recibe opiniones de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que quieran dar su punto de vista sobre esta reglamentación.

Piden identidad. Las autoridades no están obligadas a dar a conocer el nombre, cargo y funciones de los servidores públicos autorizados para solicitar información a las empresas.

Sin embargo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones recomienda que la información de los servidores públicos designados se publique en el DOF para que las empresas tengan conocimiento de su identidad.

Por otra parte, en enero y julio de cada año, el IFT solicitará a las autoridades un informe semestral que indique el número de requerimientos de localización geográfica en tiempo real y de registro de datos realizados, así como el número de registros de datos de comunicaciones cancelados y suprimidos de manera segura, una vez cumplido el fin para el cual fueron solicitados.

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