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Herencia infame

Son graves y vastas las secuelas de la fallida guerra contra las drogas y la corrupción e incompetencia de un Estado debilitado y ausente
13/11/2018
05:36
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Indignante, al igual que las decenas de miles de homicidios cometidos en el país, el artero asesinato de Valeria, hija de la diputada Carmen Medel Palma; como indignante es también constatar el morbo y la frialdad de sus compañeros diputadas y diputados federales, tomando fotografías y grabando videos del dolor de la diputada en el salón de sesiones, para publicarlos en las redes sociales.

El asunto no es intrascendente, menos aun tratándose de quienes integran la representación popular del país, pues es fiel reflejo de cómo la indiferencia e insensibilidad ante el dolor humano se han venido incrustando en nuestra vida cotidiana a lo largo de dos décadas de violencia, impunidad y muerte.

Concluye un sexenio que, tras la deleznable “guerra contra las drogas”, hereda al próximo gobierno una secuela de violencia extrema y dolor a lo largo y ancho del país: más de 200 mil homicidios; decenas de miles de personas desplazadas de su lugar de origen; cerca de 40 mil desaparecidos; 26 mil cuerpos sin identificar en precarios servicios forenses; y el país convertido en una inmensa fosa clandestina. Situación que no ha sido ajena al escrutinio internacional.

La semana pasada se llevó a cabo la Tercera Revisión de México en el Examen Periódico Universal del Consejo de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, así como el Informe del Comité de Desaparición Forzada.

Pese a la tozudez de la representación mexicana, que insistió en la defensa de la Ley de Seguridad Interior, y de las acciones que ha realizado en materia de derechos humanos, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuestionaron a México por tortura; desaparición forzada de personas; agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas; violencia contra las mujeres; violaciones a los derechos de personas migrantes; discriminación contra grupos en situación de vulnerabilidad como pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y LGBTTTI; trata de personas; así como los cuestionados avances en el caso Ayotzinapa; asuntos, respecto de los cuales emitió más de 2600 recomendaciones que corresponderá atender al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Si bien el Comité reconoció avances como la Ley General de Desaparición Forzada, así como en la instalación de la Comisión Nacional de Búsqueda, en algunas acciones en materia de atención a migrantes y en las reparaciones colectivas de la Guerra Sucia, calificándolas de “buenas noticias”, también expresó su preocupación por la falta de un plan para completar los registros de fosas y personas desaparecidas; en especial, de personas migrantes, por lo que demandó que el Estado mexicano ratifique la competencia del Comité para recibir y examinar recomendaciones individuales, al tiempo que se solicitó una invitación para que miembros del Comité visiten nuestro país.

Dentro de las preocupaciones expresadas durante esta sesión destacan: que las acciones urgentes dictadas por el Comité no se consideren obligatorias o vinculantes para el Estado mexicano, a pesar de haber ratificado esta Convención Internacional; las limitaciones de la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual carece de personal, recursos e infraestructura suficientes para cumplir con su encomienda; el rezago en la instalación de las comisiones estatales de búsqueda (sólo se han integrado en ocho entidades); y la falta de coordinación entre éstas.

Cuestionó, además, que el Estado mexicano carezca de mecanismos de coordinación con gobiernos extranjeros, en particular con los centroamericanos para la atención a las víctimas migrantes desaparecidas en territorio nacional; entre un sinnúmero de observaciones, que la delegación mexicana bateó para que el próximo gobierno las resuelva.

Son graves y vastas las secuelas de la fallida guerra contra las drogas y la corrupción e incompetencia de un Estado debilitado y ausente. Una de las más graves es el impacto en el imaginario y la conciencia popular que se ha acostumbrado a ver la violencia como parte de su cotidianeidad que permite, sin ningún recato, subir a las redes un video o hasta tomarse una selfie.


Integrante del equipo de transición

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