Derivado de una reforma constitucional en 2014 y la publicación de la Ley General de Transparencia en 2015, en México los fideicomisos que integran recursos públicos se consideran sujetos obligados en materia de transparencia. En este sentido, los fideicomisos deben estar regulados y bajo auditorías permanentes para evitar que sean utilizados para otros fines para los cuales fueron creados.
De los 757 sujetos obligados a nivel federal por las normas de transparencia, 284 son fondos o fideicomisos. Como sujetos obligados deben publicar información cada tres meses en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), para que la sociedad conozca su funcionamiento y el estado que guardan, independientemente que las personas puedan presentar solicitudes de información para ejercer su derecho constitucional a saber.
Un fideicomiso es un contrato legal donde una persona o entidad transfiere la propiedad de ciertos bienes, recursos o activos a otra para su administración –independiente del ciclo presupuestal–. Por ello, los fideicomisos que involucren a instituciones públicas se deben transparentar.
¿Qué puedo conocer de un fideicomiso público? Por ejemplo, las obligaciones de transparencia de los seis fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –como el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia o el Plan de prestaciones médicas– son públicas y están disponibles en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la PNT. Lo mismo sucede con los otros seis fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y los dos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En las últimas semanas precisamente uno de los temas más polémicos y mediáticos ha sido el de los fideicomisos. El pasado 17 de octubre en la Cámara de Diputados fueron extinguidos 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), constituidos por 15 mil 434 millones de pesos. El PJF está compuesto por más de 55 mil trabajadores, cuyos derechos deben ser garantizados. Si bien estos cambios legales aún tienen que ser aprobados por el Senado, el tema es de interés colectivo y la opinión pública tiene el derecho a conocer las condiciones de los fideicomisos y los efectos de sus modificaciones legales.
El PFJ tiene como núcleo de su función hacer cumplir la Constitución y que se respeten los derechos, como lo hizo su Máximo Tribunal el pasado 2 de octubre cuando permitió que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), compuesto actualmente por cuatro comisionados, sesione con todas sus facultades y tutele a cabalidad los derechos a saber y a la privacidad; a pesar de las omisiones legislativas de la Cámara Alta.
La perspectiva crítica de la sociedad se fortalece si, por un lado, esta puede conocer las características de los mecanismos que administran recursos públicos como los fideicomisos y, por el otro, pedir cuentas de su funcionamiento.
En México, los fideicomisos que se configuran con recursos públicos están sujetos a las leyes de transparencia. Es a través del derecho a saber una forma para fiscalizar su operatividad. En nuestro país, el marco normativo vigente alcanza estos polémicos instrumentos financieros, no así en otras naciones donde el derecho a la información aún no ha madurado.
@JulietDelrio
