El caso de Black Wallstreet Capital y la CNBV

En medio de una alta volatilidad de los mercados financieros, la firma asesora de inversiones Black Wallstreet Capital (BWC) envió en marzo lo que sería su último reporte a clientes. En el documento, los analistas expusieron que mantenían su postura de “preferir una gestión altamente activa, siendo muy selectivos con emisoras y llevando a cabo compras de oportunidad”.

Ese reporte se envió 15 días antes de que se revelaran presuntos vínculos de la compañía con el crimen organizado para realizar operaciones de distribución de narcóticos y de lavado de dinero, y de que se catearan sus oficinas, lo que derivó en la detención de cinco personas.

El escándalo vuelve a poner el foco en la labor de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a cargo de Jesús de la Fuente Rodríguez, donde han pasado sin problema autorizaciones para que permanezcan en funcionamiento bancos y operadoras de fondos sin el adecuado nivel de capitalización, con el correspondiente riesgo para el sistema financiero. Con el caso de BWC parece que el regulador llegó al extremo de permitir sin contratiempos la operación de una firma que, de acuerdo con las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, tenía el estatus de “dealer”.

Bajo la razón social BWC Independiente SA de CV, la marca Black Wallstreet Capital obtuvo en 2016 su matrícula de operación ante la CNBV, en tiempos de Jaime González Aguadé, la número 30,072. También en ese año se le asignó la matrícula 90,072 en el Catálogo del Sistema Financiero Mexicano. Se le autorizó abiertamente ofrecer servicios de análisis, asesoría y administración en materia de carteras de valores, tomando decisiones a nombre y por cuenta de terceros.

Su fundador y principal socio, Juan Carlos Minero Alonso, ya era un viejo conocido en el gremio de asesores financieros o traders. Se le ubica como el creador en Twitter del hashtag #TRMX, el cual se posicionó entre toda una comunidad tuitera que comentaba y debatía sobre los vaivenes de los mercados. Algunos de ellos, los más cercanos a Minero, recuerdan además que se reunían a ver partidos de futbol y peleas de box en el número 104 de la calle Cuvier, precisamente en las oficinas que fueron cateadas hace un par de semanas, en las que se encontraron drogas, armas y dinero en efectivo.

El asesor tuitero, también con diversas participaciones en medios de comunicación, presumía a sus acompañantes sus “acertadas” decisiones en el mercado de valores, con supuestos altos rendimientos para sus clientes. Acompañaba estas disertaciones con muestras de opulencia: viajes al extranjero, compra de artículos de lujo y autos deportivos, además de historias sobre supuestas relaciones de amistad o de negocios con importantes personajes del sector empresarial y político.

En 2016, la policía lo detuvo con una patrulla clonada. De inmediato empezaron a correr los rumores entre la comunidad tuitera sobre que este personaje andaba en malos pasos. Después de ese escándalo, Minero no tardó mucho en desaparecer. Bajó su perfil en redes sociales y dejó de organizar eventos. Para 2018, el asesor era prácticamente un “fantasma”. Se sabía de su presencia en las oficinas de la colonia Anzures solo por la gran cantidad de escoltas que rodeaban la casa.

Los únicos que debieron haberlo frecuentado son los directivos de Grupo Bursátil Mexicano (GBM), la casa de bolsa en la que Black Wallstreet Capital resguardaba las cuentas de inversión de sus clientes. Hay muchas preguntas que en los próximos días también deberá responder la firma que encabeza Diego Ramos González, puesto que BWC figuraba entre sus principales clientes, además de que la relación entre ambos era muy estrecha, a decir de múltiples eventos que realizaron en conjunto para promover portafolios de inversión.

El asunto es un nuevo escándalo delictivo y financiero que hunde una vez más la credibilidad de la autoridad reguladora.

Posdata 1

Muchas reacciones generó el comunicado del viernes por la noche de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la admisión de la demanda que interpuso el INE para suspender el llamado Plan B de reforma electoral.

A pesar de la hora y el día, la noticia fue celebrada por la oposición y quienes están en contra de la reforma electoral que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente, por cierto, volvió a tronar contra la Corte. “Es la misma mafia del poder”, soltó de gira por Quintana Roo. “Son partidarios de la oligarquía, no de la democracia”, agregó sobre los ministros y ministras de la SCJN.

Lo cierto es que dentro de la Corte hay divisiones sobre el tema. A muchos no les cayó bien que una suspensión emitida por un ministro, Javier Laynez Potisek, se haya tomado como si fuera una decisión de mayoría.

La suspensión emitida por Laynez Potisek es para el efecto de que no se aplique todo el decreto reclamado y continúe rigiendo la normativa previa a la reforma electoral.

Con ello, los funcionarios del INE conservarán sus salarios y el nivel presupuestal que venían percibiendo, aunque sus puestos hubieren desaparecido con la reforma y sus funciones ya no fueran necesarias.

Esta suspensión se mantendrá hasta que se resuelva el fondo del asunto, tomando en cuenta que se requieren 8 votos de los 11 integrantes del Pleno de la SCJN para poder invalidar su contenido.

El Ejecutivo ya adelantó que va a impugnar la decisión del ministro Laynez Potisek a través de la Consejería Jurídica. “El ministro arrancó hojas de la Constitución”, criticó. También puede hacerlo la Cámara de Senadores y la de Diputados, mediante un recurso de reclamación, cuyo término de interposición es de 5 días.

Este recurso lo resolverá en su momento cualquiera de las dos salas de la SCJN.

Posdata 2

Como lo anticipamos el 27 de febrero en este espacio, Bertha María Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, e hija de la expresidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, y del abogado de la 4T, Arturo Alcalde, es la principal candidata a convertirse en la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral.

De acuerdo con la propuesta que el Comité Técnico Evaluador entregó a la Junta de Coordinación Política del Senado, la quinteta para la Presidencia del INE está encabezada por Alcalde Luján. Le siguen Guadalupe Álvarez Rascón, hija del senador de Morena, José Álvarez Lima; Rebeca Barrera Amador, Iulisca Zircey Bautista Arreola, y Guadalupe Taddei Zavala.

La posible llegada de Bertha Alcalde a la presidencia del INE también refuerza las aspiraciones de su hermana para convertirse en candidata de Morena a la jefatura de Gobierno en el 2024. Como ya lo hemos expuesto en esta columna, es una de las “corcholatas” principales de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Posdata 3

Alguien debe de estar protegiendo a uno de los principales acusados del fraude de por lo menos 15 mil millones de pesos a Segalmex. Hablamos del extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de la dependencia, René Gavira Segreste, quien la semana pasada obtuvo una suspensión definitiva para frenar la orden de aprehensión en su contra.

En noviembre del 2022, Gavira Segreste fue vinculado a proceso por presuntos actos de corrupción, según informó la Fiscalía General de la República. Lo cierto es que desde entonces no se le pudo retener en la cárcel, por lo que quedó en libertad condicional.

Hace unos días, el presidente López Obrador defendió al extitular de Segalmex, su amigo Ignacio Ovalle, argumentando que fue “engañado por priistas de malas mañas”. Bueno, Gavira Segrestre es un priista de hueso colorado, quien antes del puesto como director de Finanzas fue funcionario de la alcaldía Cuajimalpa, con cargos como director de Obras y Desarrollo Urbano, director de Promoción Deportiva y director ejecutivo de Promoción Deportiva y Turismo Social.

¿Quién será el poderoso padrino de Gavira Segrestre? Hay una ruta que lleva hacia Palacio Nacional, hacia la oficina de Alejandro Esquer.

@MarioMal