A un año de la nueva Suprema Corte, dejémosla descansar en paz

Por Daniela Carrasco Berge

A las tragedias, fiestas y demás efemérides dignas de recordar, septiembre suma dos más: se cumplen dos años de la publicación de la reforma judicial y uno de que tomó protesta un porcentaje de las nuevas personas juzgadoras y se instaló la totalidad de la nueva Suprema Corte.

La reforma judicial, que terminó aplicándose como plaguicida a todo el edificio, fue pensada para el rooftop. Es claro que la antigua Corte resultaba incómoda para el gobierno, lejana para las personas y excesiva para buena parte de la sociedad; también lo es que el divertido sistema de elección popular podía servir de pretexto para removerla. Mucho más turbias, sin embargo, se antojan las razones por las cuales ese costosísimo diseño se aplicó a todos los poderes judiciales locales y al resto de las juezas, jueces, magistradas y magistrados federales.

Cabría preguntarse, entonces, si esa culpa que pesó sobre la antigua Corte puede válidamente traducirse en expectativas proporcionales sobre la nueva Suprema Corte. Considero que no. Así como los excesos, la lejanía y la labor de la antigua Corte no debieron castigarse con el derrumbe de la totalidad del edificio judicial, la nueva Suprema Corte no es la panacea ni la cristalización de los problemas de todo el nuevo sistema judicial. La nueva Suprema Corte no tiene la culpa de todo y, tristemente, tampoco tiene la solución. Este es un llamado a prestarle un poco menos de atención, para enfocarnos en lo que ahorita podría ser más relevante: la salvación del resto.

Con este llamado, no quiero perdonar a ciertas ministras y ministros cuando convierten la justicia constitucional en un meme. No quiero perdonar a esos cuantos cuando socavan la libertad que, a nuestros municipios, a nuestras minorías, a nuestros candidatos independientes, entre otras figuras afectadas, les tomó décadas conquistar. No quiero perdonarles por retrotraer la calidad argumentativa del Pleno a los tiempos en que el tribunal todavía no se apellidaba constitucional.

Lo que quiero, a un año de su instauración, es recordar que la nueva Suprema Corte no tiene la culpa ni está en condiciones —por lo menos, no todavía— de ofrecer una solución total. Hasta que no se lo gane, a golpe de argumentos y de verdaderos cambios internos, la nueva Suprema Corte no tendrá más horizonte que la irrelevancia y la descomposición.

Dejemos de gastar baterías en observar, en general, cuánto ha desmejorado. Dejemos de rabiar frente a sus sostenidos excesos, su presupuesto creciente y sus demeritadas discusiones. Dejemos de frustrarnos ante las oportunidades que pierde cada vez que conserva las formas previas sin alcanzar los estándares que esas formas dejaron. Dejemos de caer en el error constitucional: salvemos al resto del sistema judicial, en vez de seguir girando en torno a la punta.

El lento deterioro de la justicia federal y la todavía más rezagada y subyugada justicia local sí merecen estudios pormenorizados, intervenciones urgentes y contrarreformas novedosas. Merecen, más allá de filias y fobias, una nueva reforma que, por una vez, ponga a la ciudadanía y, en particular, a las personas usuarias del sistema en el centro.

No puede existir un diagnóstico correcto ni una solución idónea sin claridad respecto de los males que aquejan a quienes, de hecho, acuden ante la autoridad y enfrentan sus deficiencias con la vida, la libertad o la propiedad de por medio.

Académica del Departamento de Derecho

Universidad iberoamericana CDMX