Articulista Invitado | 11-09-26 | 00:20 |

Por Daniel Hernández Aldaco

El sábado 5 de septiembre en Matlapa, San Luis Potosí, Fermín Isabel Antonio, de 47 años, fue detenido por policías locales tras impactarse contra varios coches. Horas más tarde, después de estar en custodia policial, Fermín murió. Ante el silencio gubernamental sobre las causas de su muerte, si por los golpes que la familia asegura recibió durante su detención o por una complicación del accidente, pobladores retuvieron a los agentes. Solo entonces respondió el gobierno, mandando a la Guardia Civil Estatal y a operadores de gobierno a negociar la liberación de los policías.

Lo que debió ser un percance automovilístico terminó en un fallecimiento y en la erosión de la confianza de una comunidad hacia su policía local. No es la primera vez ni será la última: este hecho ilustra una cadena de eventos que se repite sistemáticamente en el mundo: un incidente, una actuación policial cuestionada, una respuesta enojada ciudadana y una reacción tardía gubernamental, a veces con uso de fuerza. ¿Por qué la única institución que puede matar legalmente no tiene una rendición de cuentas obligatoria?

Urge crear agencias de supervisión externa que obliguen a las corporaciones a rendir cuentas, y con ello, reducir abusos y mejorar confianza policial y la percepción de seguridad.

Casos como el de Matlapa alimentan una paradoja entre la reducción de la violencia y la percepción de inseguridad. El INEGI publicó apenas el 10 de septiembre, en la , que el 74% de los mexicanos considera inseguro vivir en su entidad, prácticamente igual que el año anterior (75.6%). Sin embargo, el gobierno reporta una caída de 53% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y agosto de 2026.

Pero la desconfianza no es gratuita: el 93.4% de los delitos no se denuncia, y entre quienes no lo hacen, el 13% cita la desconfianza en la autoridad (ENVIPE 2026). Asimismo, cuando pasan cosas como Matlapa, los ciudadanos no cuentan con un mecanismo eficaz para solicitar rendición de cuentas a sus policías. Por ejemplo, entre 2015 y 2020 se denunciaron al menos 33,750 delitos relacionados con brutalidad policial; solo 373 se judicializaron y .

Ante este vacío, las oficinas externas cumplen esa función: reciben denuncias, investigan imparcialmente y recomiendan sanciones.

Una crítica de las corporaciones para no apoyar una agencia externa es que alguien desconocido juzgue casos tan complejos de la labor policial y pueda acabar con la carrera de agentes. Es una crítica entendible, pero las oficinas externas exitosas en el mundo no solo son reactivas sino proactivas. Buscan encontrar patrones y promover reformas continuas para prevenir incidentes. No dan por hecho la teoría de las manzanas podridas, eso de que hay una manzana (un policía) podrida que contagia a las demás y por eso hay que removerla. Más bien, se fijan en el barril que transporta las manzanas y se cuestionan cómo este puede repercutir en su putrefacción: ¿Falta de entrenamiento? ¿Falta de descanso?

Pude constatar esta misión cuando trabajé casi tres años en las y del . En Seattle me tocó una época contenciosa: las protestas de 2020 tras la muerte de George Floyd convirtieron la ciudad en batallas entre policías y comunidad, entre carteles de protesta y gas pimienta. Seattle fue el epicentro nacional del debate sobre reforma policial. La misión de mi oficina fue investigar, buscar reconciliación policía-comunidad, y promover reformas preventivas. Ahí constaté que la supervisión funciona cuando es externa y se ancla como aprendizaje continuo.

Hoy, en Estados Unidos operan más de un centenar de oficinas de supervisión civil de la policía. En América Latina, fuera de las ouvidorías de policía en Brasil, ninguna se ha consolidado. Y no es por falta de haberlo intentado: Ernesto López Portillo, pionero en la materia, lleva más de dos décadas proponiéndolo. Él y otros expertos han propuesto y piloteado organismos externos en Guerrero, Querétaro y Puebla, entre otros, desde al menos 2007.

El esfuerzo aún no rinde, pero aún no nos rendimos. Varios nos hemos sumado a los esfuerzos que hace Ernesto desde la Ibero. En 2024 organizamos, junto con el Secretario de Seguridad de la CDMX Pablo Vázquez, . En 2025, presentamos una propuesta de adición a la . La propuesta técnica está lista pero falta que alguna policía la reconozca como algo necesario para adoptarla.

Los casos seguirán. En Matlapa, los pobladores retuvieron a los agentes porque no había ningún otro canal. Después vinieron el cese de dos policías y una carpeta de investigación en la Fiscalía, pero solo después. Eso no es justicia, es un vacío de rendición de cuentas. Al cierre de este texto (10 de septiembre) no se sabe por qué murió Fermín.

Investigador en seguridad y gobernanza, CESIG-ITAM / Maestría en Políticas Públicas, Harvard.