Leonor Gómez Otegui | 11-09-26 | 01:06 |

De acuerdo con datos de la ONU, México sigue siendo uno de los países con los mayores índices de matrimonios entre mayores de edad y menores de edad; una situación que prevalece principalmente en las comunidades indígenas de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Datos del INEGI, por otro lado, confirman que cerca de 28 mil mujeres indígenas, entre 12 y 17 años, se encuentran en unión conyugal con mayores de edad, como una práctica cotidiana en la que se vulneran muchos derechos humanos y se amplían las brechas de género y de desigualdad social.

Si bien esta práctica ya se contempla en el Código Penal y desde el 2023 se castiga hasta con 22 años de cárcel, las relaciones sentimentales que establecen mayores de edad con menores (tipo noviazgos) aprovechando principalmente contextos de confianza, jerarquías de poder o dependencia de algún tipo, aún no se considera un delito que amerite prisión o que pueda equipararse con una falta grave como lo es la corrupción de menores.

La reforma del 2023, aprobada por la mayoría de las fuerzas políticas, además de ser una deuda histórica con todas aquellas mujeres que fueron obligadas a establecer un matrimonio antes de alcanzar su mayoría de edad; abrió un debate profundo y amplio sobre los usos y costumbres de muchas comunidades en México, pero sobre todo de la integridad de miles de mujeres menores de edad, que sin entender en muchos casos las implicaciones de una situación de esta naturaleza, establecía y establecen vínculos emocionales (por la fuerza o por voluntad) con personas mayores de edad.

De manera reciente, por ejemplo, salió a la luz el caso de un profesor de educación secundaria, en el Municipio de Ecatepec, que reconoció mantener una relación con su alumna de 14 años de edad, a quien conoció bajo circunstancias obvias y a quien prometió un matrimonio formal y una vida a futuro, a sabiendas de las diferencias psicológicas, cognitivas, emocionales y físicas, por la diferencia de edades. El instructor, quien fue denunciado por la madre de la joven por acoso, enfrenta actualmente un proceso judicial en libertad, gracias a una fianza económica.

Frente a esta situación, la respuesta institucional no se hizo esperar. La Secretaría de las Mujeres rechazó cualquier situación que normalice o justifique las relaciones entre personas adultas y menores de edad. Lo anterior en función de que ello implica una clara vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes; pero también porque se trata de un acto que no debe ser visto bajo ningún parámetro de igualdad o libre consentimiento. Sin embargo en este punto surge una duda: ¿es suficiente la condena institucional y el pago de una fianza para darle vuelta al tema?

Desde mi perspectiva, es fundamental que atendamos lo que a todas luces es un vacío en la ley que pone en riesgo la integridad de las infancias. No voltear a ver situaciones como los “noviazgos” entre personas adultas y menores de edad, es desamparar a las generaciones más jóvenes frente a problemáticas como el acoso, el abuso de confianza, la imposición de jerarquía y múltiples tipos de violencia que pueden derivarse precisamente de normalizar temas como éste.

Por mi parte, esta semana y en mi calidad de Diputada del Congreso de la Ciudad de México, presenté una iniciativa de reforma a los Artículos 180 y 184 del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de corrupción de menores, que busca sancionar conductas de naturaleza sexual cometidas por personas adultas, que se aprovechen de relaciones de poder, autoridad, confianza, jerarquía académica o dependencia, frente a niñas, niños y adolescentes.

Estoy convencida que al tipificar este tipo de situaciones en la ley, lograremos avanzar en la prevención de abusos que afecten el desarrollo físico, psicológico y emocional de los menores de edad. Nuestra ciudad es una ciudad a la vanguardia en la defensa y garantía de los derechos humanos. Este tema no puede ser la excepción, mucho menos cuando se trata de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.

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