Raúl Rodríguez Cortés | 11-09-26 | 01:28 |

Para las elecciones del año próximo, Morena decidió definir 17 candidaturas con el reto de atender y cumplir con la paridad de género (siete hombres y diez mujeres), pero “sin fracturar” la unidad del partido.

Ese objetivo podría no cumplirse con lo que se decida en Baja California, pues la disputa ha sido tan intensa y agresiva que, según varios medios de comunicación bajacalifornianos, ya rodaron al menos dos cabezas de entre los aspirantes a la candidatura guinda al gobierno del estado, ambas de mujeres.

Una de ellas, considerada la favorita por ser muy amiga de la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila, es la senadora con licencia Julieta Ramírez, cercana al también senador Adán Augusto López, a quien apoyó en su intento por alzarse con la candidatura presidencial morenista en el proceso interno de las “corcholatas” (2023-2024), lo que la convirtió automáticamente en adversaria a ultranza de Claudia Sheinbaum.

Botón de muestra de esa confrontación son los audios atribuidos a Julieta Ramírez —filtrados y publicados a principios de este mes— en los que gira instrucciones dentro de ese proceso, para producir un video propagandístico que perjudicara a Sheinbaum y favoreciera a Adán Augusto (señalado ahora de proteger al grupo criminal de “La Barredora”), así como para insertar una encuesta falsa con resultados desventajosos para la hoy Presidenta.

Julieta Ramírez ha respondido diciendo que se trata de una guerra sucia contra sus aspiraciones, pero sin negar ni explicar los referidos audios.

Por si fuera poco, y según documentos mostrados en un reportaje de la televisora N+ Focus, la senadora con licencia morenista se ha ofrecido como fuente de información para el gobierno de Estados Unidos, a cambio de beneficios ante los cargos, no precisados, que le imputa la justicia de ese país. Emula así el proceder de su mentora Marina del Pilar Ávila quien ya sin visa estadounidense —y de acuerdo también con audios filtrados a los medios— se ofrece como informante a cambio de privilegios en un eventual juicio.

De lo anterior no resulta difícil inferir que “La Julietona” —como la llama en Baja California su círculo cercano— se ofrece como “vende patrias” a cambio de inmunidad y con tal de llegar a la gubernatura de su estado de la mano de un presidente, Donald Trump, que desea tenerla como aliada aún a costa de los intereses de nuestro país.

La otra aspirante cuya cabeza ya habría rodado por escándalos de corrupción denunciados por la prensa de Baja California es la diputada federal con licencia Eva Moreno, de quien se asegura que ha concretado jugosos negocios inmobiliarios aprovechando sus puestos públicos.

Versiones periodísticas refieren que ganó para sí un juicio de prescripción que avaló la propiedad de un cerro que luego se auto vendió en 94.5 millones de pesos, en un procedimiento que sugiere posible lavado de dinero. Además, ha adquirido costosas propiedades tanto en localidades bajacalifornianas como en San Diego, en donde reside desde hace más de diez años, lo que la imposibilita de cumplir con el requisito de una residencia mínima de quince años para poder contender por la gubernatura del estado.

Eva Moreno, cobijada por el grupo político de René Bejarano (“el señor de las ligas”) y con el apoyo, según se dice, de Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, no sólo realiza actos anticipados de campaña y se compromete a seguir entregando recursos de los programas sociales (ya obligatorios por ley), sino que promete a diestra y siniestra cargos, alcaldías, diputaciones y puestos políticos a sus contrincantes morenistas.

Tales son algunas razones por las que se infiere que la disputa de la candidatura guinda en tierra cachanilla será sólo entre hombres. Son varios los que le tiran a la grande del estado y aseguran tener el apoyo de los meros “machuchones” del movimiento: ya sea la bendición de Marina del Pilar, el aval del centro del país o la inapelable sentencia llegada desde Palenque). O bien difunden respaldos basados en noticias falsas o en declaraciones sin ton ni son que desacreditan a sus contrincantes.

De ahí que pueda adelantarse esta hipótesis: en Baja California, esta vez y a muy alto costo, no se cumplirá con la paridad de género que tanto pregona Morena, sin que aparentemente no pase nada. Quedará, a no dudarlo, una profunda división interna. ¿Qué van a hacer para curar esa herida que ya sangra y se infecta?

Tlaxcala definirá rumbo

La designación de las candidaturas morenistas está atorada. En medio de las pugnas internas que obstaculizan la decisión se abren otras heridas como la referida en Baja California y otras que ya hemos comentado aquí. Una reciente es la que se abrió en Tlaxcala y cuya curación se ha convertido en definitoria de las candidaturas guindas pendientes. No solo porque sintetiza el meollo de las pugnas, sino porque resolvería el tema de la paridad de género que acordó Morena y a la que se ajustaron las preferencias de la presidenta Sheinbaum, quien sin duda las tiene.

La senadora con licencia Ana Lilia Rivera es una de ellas, como aquí lo referimos en entregas pasadas. En su conversación destacan su congruencia y compromiso con el proyecto político de la 4T, además de su arraigo en territorio.

Sin embargo, ha tenido que lidiar con la promoción desvergonzada que la actual gobernadora, Lorena Cuéllar, hace de su aspirante favorito, el presidente municipal de la capital del estado, Alfonso Sánchez García. Ha llegado al grado de hacer eventos en instalaciones del gobierno para promover al hijo del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya, y sobrino nieto del también exgobernador Emilio Sánchez Piedras. Ese tipo de vínculos genealógicos son una clara muestra de que no más de cinco familias se han repartido desde siempre las posiciones de poder en Tlaxcala.

Pero el mayor peso definitorio, le decía, es el de la paridad de género. Si queda Ana Lilia en Tlaxcala el tema se ajusta a los acuerdos de Morena y a las preferencias de Sheinbaum: siete hombres (Ismael Burgueño en BC, Pablo Gutiérrez Lázarus en Campeche, Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua, Carlos Torres Piña en Michoacán, Héctor Javier Santana en Nayarit, Santiago Nieto en Querétaro y Ulises Mejía en Zacatecas); y diez mujeres (Nora Ruvalcaba en Aguascalientes, Milena Quiroga en BCS, Rosy Bayardo en Colima, Beatriz Mójica en Guerrero, Geraldine Ponce Méndez en Nayarit, Clara Luz Flores en Nuevo León, Maribel Villegas en Quintana Roo, Imelda Castro en Sinaloa, Lorena Valles en Sonora y Ana Lilia Rivera en Tlaxcala).

Segundo informe y precandidaturas

Entre hoy y el domingo próximo, la presidenta Claudia Sheinbaum recorrerá seis estados para continuar con la glosa de su segundo informe de gobierno: Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo e Hidalgo.

Dos de ellos (Campeche y Quintana Roo) están dentro de los diecisiete que irán a elecciones en junio próximo. En Campeche ya se designó a Pablo Gutiérrez Lázarus como candidato de Morena.

En Quintana Roo aún no, lo que hace inevitable que entre los temas que se aborden ahí con la Presidenta estará una especie de evaluación de quienes han hecho realmente la tarea para alzarse con la candidatura guinda.

Y no solo ahí, sino en los otros doce que faltan por designar, habida cuenta de que ya hubo humo blanco además de Campeche, en Aguascalientes (Nora Ruvalcaba), Sinaloa (Imelda Castro) y Querétaro (Santiago Nieto).

Sheinbaum con “la señora de los cielos”

En Quintana Roo, donde la Presidenta estará mañana, el escenario para la designación de la candidata o el candidato no está nada agradable por los negativos que carga la gobernadora Mara Lezama por aquello de sus 97 viajes en aviones privados, la compra a tres veces más de su precio de un helicóptero Bell 429 Global Ranger y sus negocios inmobiliarios.

Y qué decir de sus delfines, que son los de su aliado el Partido Verde: la presidenta municipal con licencia de Cancún, Ana Paty Peralta (a quien se le retiró la visa estadounidense por presuntos cargos de enriquecimiento ilícito), o al senador con licencia Gino Segura (a quien se le hacen señalamientos de presuntos vínculos con un cártel delincuencial).

Hay quejas en sectores de Quintana Roo de que el gobierno de Mara Lezama ha emprendido una guerra sucia contra aspirantes a la candidatura que no son de su equipo, entre ellas la diputada federal Maribel Villegas a quien, por cierto, no le perdonan que los madrugara con la realización de una megamarcha en defensa de la soberanía y el gobierno de Sheinbaum.

Instantáneas:

1. BLINDAJE ELECTORAL. Donde ya comenzaron a trabajar de cara a las elecciones del 2027 fue en Guerrero, donde la gobernadora Evelyn Salgado y el fiscal Zipacná Torres Ojeda pusieron en marcha un programa de blindaje Electoral. El tema es relevante porque la jornada electoral del próximo año será de mucha intensidad política, por lo que será primordial garantizar piso parejo a todas las expresiones políticas, así como condiciones de libertad, legalidad y certeza para el ejercicio del voto.

2. JALONEO POLÍTICO Y SINDICAL. Noé Jara Cruz, hermano del gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz se puso a disposición, por iniciativa propia, de la delegaciónestatal de la FGR, ante las versiones que lo vinculan con la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) cuyos dirigentes y algunos de sus miembros fueron detenidos por diversos delitos. En los corrillos políticos oaxaqueños se dice que se trata de rumores que buscan golpear al mandatario estatal y que la puesta a disposición de su hermano ayudará en las investigaciones que se realizan en contra de la ASAEO.

3. FOCO ROJO EN ADUANAS. La corrupción que ha carcomido durante años a las aduanas del país obliga a la cuidadosa revisión de quiénes ocupan los puestos clave en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). En ese contexto, cuesta entender cómo funcionarios con presuntosconflictos de interés o señalamientos en su contra, pueden llegar a cargos de alta responsabilidad. Uno de los nombres que ha sonado recientemente es el de Darío Reyes Villagómez, quien pasó de ser prestador de servicios en el gobierno de la CDMX a ocupar la dirección general de Modernización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera de la ANAM. A su paso por el gobierno capitalino participó como representante legal de la empresa Planet Solutions en una licitación para obtener un contrato con el C5. No se sabe cuál fue exactamente su relación con la compañía, qué funciones desempeñó y cuándo terminó cualquier vínculo con ella antes de asumir responsabilidades en aduanas. El caso cobra más relevancia por los señalamientos que existen contra la institución, encabezada por Héctor Alonso Romero Gutiérrez, por presuntos cobros indebidos a proveedores y contribuyentes, además de trabas y retrasos para agilizar trámites y liberar pagos. También ha sido señalado Juan Carlos Rico Báez, Administrador de Modernización Aduanera “2”, a quien se atribuye la presunta exigencia de “moches” para destrabar procesos y acelerar pagos. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, debería revisar estos casos y determinar si hay elementos para abrir una investigación.

4. INCUMPLIMIENTOS HUMANITARIOS EN MIGRACIÓN. Licitantes inconformes han llevado al órgano interno de control del Instituto Nacional de Migración (INM)la queja contra proveedores que habrían sido irregularmente beneficiados con un contrato para la instalación de puntos de rescate humanitario que ni siquiera se ha cumplido. Tocará a esa instancia determinar si la licitación fue realizada correctamente y si existen elementos para echarla atrás. Se trata de la Licitación Pública Electrónica de Carácter Nacional No. LA-04-K00-004K00001-N-34-2026, mediante la cual resultaron favorecidas las empresas Construcciones y Acabados Solumax y Eventuarte. En caso de determinarse que el procedimiento estuvo viciado, una de las posibilidades sería dejar sin efectos el proceso y ordenar que la contratación vuelva a realizarse. El contrato no implica únicamente una prestación administrativa o logística menor. Los puntos de rescate humanitario están concebidos para atender a una población particularmente vulnerable, por lo que la capacidad real de los proveedores para instalar, operar y mantener la infraestructura contratada resulta fundamental.Para conocer la versión de los proveedores se buscó a Eventuarte y Solumax en los domicilios registrados, sin que se obtuviera una respuesta. Tampoco la ha habido de parte del INM.

5. COBRAR MÁS, PROMOVER MENOS. Quepa esta reflexión a propósito de la presentación el miércoles pasado del paquete económico para 2027: Lo más grave no suele serlo que dice Hacienda, sino lo que no dice. Es el caso del aumento de 983 pesos a mil 334 pesos del Derecho de No Residente (DNR), un impuesto federal que pagan los extranjeros que ingresan a México como turistas o visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas. Se valora el que se contemplen más recursos para atender, por ejemplo, el proyecto de combate al sargazo. Pero en la distribución del DNR para 2027 no hay un solo peso etiquetado para la promoción turística. Resulta incongruente que quieras cobrarle mil 334 pesos a cada extranjero, pero que no inviertas nada en traerlo. El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano exige que una parte del DNR se destine de forma permanente, transparente y con participación privada a promover al país como destino.

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@RaulRodriguezC

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