El escenario perfecto para una elección cuestionada

Por Arturo Castillo Loza

El inicio de un proceso electoral siempre es motivo de celebración: marca el punto de partida de un nuevo ciclo de renovación pacífica y democrática del poder público. El 10 de septiembre de 2026, el Consejo General del INE dio el banderazo de salida a la contienda para elegir 500 diputaciones federales, en un ciclo electoral concurrente con la renovación de19 mil 609cargos locales en 31 entidades federativas, entre ellos, 17 gubernaturas.Así, el 06 de junio de 2027, poco más de 101 millones de mexicanas y mexicanos podrán expresar su voto y su voluntad sobre el destino de México.

Sin embargo, el proceso electoral 2026-2027 también es motivo de gran preocupación: el contexto en el que comienza constituye, desde mi perspectiva, el escenario perfecto para una elección cuestionada. Y no sólo por el inicio anticipado de actividades político-electorales que advertí desde hace más de 6 meses y sobre las que el INE nada ha hecho, sino por la concurrencia de diversos factores de riesgo para la elección en su conjunto.

El primer factor es que la mayoría de los partidos políticos han mostrado que no están dispuestos a sujetarse a las leyes que ellos mismos diseñaron y han preferido, en cambio, transferir al árbitro la responsabilidad de su propio incumplimiento: han adelantado sus actividades electorales pese a la regulación que se auto-impusieron desde 2007, al grado de que sus aspirantes a candidatos presumen que llevan 75 días en campaña incluso antes de haber iniciado el proceso electoral, y casi todos han guardado silencio frente a la inacción del árbitro; unos y otros están configurando una campaña cuyos contenidos bordan en el límite de la calumnia, pero reprochan al INE por limitar la libertad de expresión que ellos mismos acotaron en la Constitución desde 2013; y es previsible que ningún partido quiera asumir la responsabilidad de la sobrerrepresentación legislativa que, reforma tras reforma, han preservado en la Constitución desde 1997.

El segundo factor es la creciente tendencia de otros poderes del Estado a transferir al INE cada vez más atribuciones, pero otorgarle cada vez menos presupuesto. Desde las reformas de 2013, el INE ya no sólo organiza y fiscaliza elecciones federales, sino también elecciones locales y de partidos, mecanismos de participación ciudadana directa y, más recientemente, ha asumido las funciones de órgano garante de la transparencia de partidos políticos nacionales y locales. Sin embargo, desde hace 9 años, las fuerzas mayoritarias en la Cámara de Diputados han hecho recortes de hasta el 40% al presupuesto del Instituto, en detrimento de la calidad de nuestras elecciones. Y, dados los términos en los que ha sido presentado el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, es previsible que este año se repita la historia.

El tercer factor es, en mi opinión, el más grave de todos. El INE parece haber claudicado a su función de vigilar y arbitrar las elecciones. En los últimos meses, el árbitro ha renunciado a vigilar que los partidos políticos se sujeten a los tiempos electorales; a evitar que partidos y gobiernos se inmiscuyan en la organización y observación de las elecciones; y a garantizar que sólo se cuenten los votos válidos. Y no porque desconozca la norma, sino porque renunció a vigilar eficazmente su cumplimiento. Estas decisiones afectarán directamente la equidad en la contienda y la confianza en los resultados de la elección.

Además, el INE ha realizado cambios profundos en su estructura operativa y ha debilitado sus mecanismos internos de rendición de cuentas.En lo que va de este año se han nombrado, sin el consentimiento del Consejo General, 12 nuevos titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas (algunos sin cumplir siquiera con los requisitos legales para su nombramiento), y se han despedido, al menos, a 836 personas. Y pese a las solicitudes realizadas por las consejerías, aún no contamos con información sobre los perfiles y el nivel de ocupación de estos espacios.

Peromás aún, las áreas del Instituto han bloqueado activamente el acceso a la información a las Consejerías(como vimos en el caso del fallido nombramiento de la presidencia del OPLE de Michoacán), o simplemente han guardado silencio frente a las reiteradas consultas sobre el cumplimiento de sus funciones como, por ejemplo, el tratamiento que se ha dado a la información recabada por nuestros delegados sobre el desarrollo de los procesos políticos anticipados. Estas omisiones y negativas limitan seriamente la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad institucional de corregir sus procesos.

Estos factores constituyen, a mi juicio, el escenario perfecto para una elección cuestionada: partidos políticos que no están dispuestos a jugar conforme a las reglas que ellos mismos diseñaron y que, cuando se les aplican, reprochan al árbitro por no dejarlos jugar;legisladores que asfixian presupuestal y funcionalmente a la democracia; yun árbitro opaco que claudica en su función de arbitrar la elección.Si partidos e instituciones continúan eludiendo su responsabilidad, México puede llegar al 6 de junio de 2027 con votos contados, pero con resultados cuestionados; y ése sería un fracaso político e institucional del que nadie podría declararse ajeno.

Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo, pero se requiere un alto grado de autocrítica, responsabilidad política y compromiso con la legalidad. La salida exige que los partidos respeten la ley, que los gobiernos actúen con absoluta neutralidad, que la Cámara de Diputados garantice los recursos necesarios y que el INE recupere su capacidad de arbitrar y rendir cuentas.

Que nadie diga después que no conocía los riesgos. Hoy podemos demostrar que cuando la democracia está en riesgo, las instituciones mexicanas son capaces de asumir su responsabilidad y estar a la altura de lo que les demandan el pueblo y la nación.

Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.