Zaldívar: independencia judicial no depende de las sentencias

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que la independencia judicial no depende del sentido de las sentencias que se emitan en el Poder Judicial de la Federación (PJF), sino de los argumentos esgrimidos en ellas.

Durante la sesión solemne de apertura del primer periodo de sesiones de la Corte, el ministro destacó que el máximo tribunal y los integrantes de los organismos del PJF se deben a la gente a la que se le dicta sentencia en los diferentes asuntos que conocen y a nadie más.

“Lo que determina la independencia de un tribunal no es el sentido de la sentencia. Es poco serio establecer que un tribunal es independiente cuando falla en un sentido y no lo es cuando falla en un sentido diverso.

“En donde nace, yace y se encuentra la independencia y la legitimidad de un tribunal constitucional es en los argumentos y las razones que justifican la resolución”, dijo.

Reconoció que todas las resoluciones que se emiten en el PJF, sobre todo en temas delicados, son “opinables y discutibles”, pero nunca podrán ser tildadas de arbitrarias.

“En un tribunal como el nuestro, que debate públicamente, serán los argumentos que den cada uno de los ministros para sostener sus votos y el engrose que al final derive de ello, más los votos particulares y concurrentes, los que determinarán la legitimidad de la decisión. Todas las decisiones de un tribunal constitucional, sobre todo en asuntos delicados, son opinables y discutibles, no sólo en México, en todo el mundo. Lo que no puede pasar y lo que no pasará ́ es que las decisiones puedan tildarse de arbitrarias.

“Las resoluciones que dicte esta Suprema Corte podrán ser opinables y discutibles, podrán no gustar a todos, pero nuestras argumentaciones sostendrán la legitimidad de que estamos cumpliendo nuestra obligación de respetar la Constitución y de proteger los derechos de las personas como único parámetro de nuestra actuación y de nuestras decisiones. Nuestra independencia está asegurada, lo mismo que nuestra autonomía”, dijo.

Comentó que entre los temas que analizará la Corte este 2020 están la objeción de conciencia, la ley Bonilla, gestación subrogada, impedimento a personas con discapacidad intelectual para casarse, indultos a padres y madres privadas de la libertad, aborto, salud, educación sexual y distribución de anticonceptivos en Veracruz, entre otros.

“Todos estos asuntos y aquellos de los que no hemos dado cuenta, y que se resolverán en este año, serán decididos con absoluta libertad en las argumentaciones y votos de los ministros”, dijo.

Recordó que este 2020 se cumplen 25 años de la reforma constitucional avalada durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo en la que la Corte se transformó en un tribunal constitucional y que desde entonces ha permanecido en constante cambio.

“Estamos ahora en una tercera etapa en la que, sin perjuicio de estas dos competencias principales, tratamos de fortalecer nuestra legitimidad, de generar una mayor cercanía con la gente, de corregir prácticas que se han venido desviando a lo largo del tiempo y también, de manera muy particular, generar medidas que nos permitan fortalecer y consolidar nuestra función como tribunal constitucional”, señaló.

Destacó que por primera vez desde la reforma judicial de 94 la Corte tendrá tres mujeres integrantes del pleno: las ministras Norma Lucía Piña Hernández, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos-Farjat, quien se incorporará a la SCJN el próximo lunes 6 de enero.

Después, la ministra Piña Hernández rindió el informe del trámite de los asuntos que atendió la comisión de receso durante el periodo vacacional y dijo que durante estas dos semanas la comisión de receso dio entrada a la controversia constitucional promovida por el Banco de México contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 en el que reclamó la forma de establecer el salario del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Corte solicitó a Banxico más documentos para estar en posibilidad de resolver si concederá o no la suspensión provisional solicitada.