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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una iniciativa de reforma constitucional para eliminar los privilegios en las “pensiones millonarias” de exfuncionarios de confianza de distintas instituciones del gobierno federal.
En su conferencia de ayer, Sheinbaum Pardo indicó que la iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional establece que las pensiones de exfuncionarios y altos mandos de confianza no podrán exceder 50% de las remuneraciones que percibe el titular del Ejecutivo federal, excepto las previstas en las condiciones generales de trabajo.
Abundó en que esto permitirá recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos para destinarlos a los Programas del Bienestar.

“Es una reforma constitucional para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo federal como pensión. Lo que ganaron antes no se puede mover, pero a partir de ahora ya no se les puede seguir, en un gobierno que busca eliminar privilegios, pagando un millón de pesos mensuales de pensión o 300 mil pesos”, indicó.
Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, expuso que se detectaron pensiones “exorbitantes” en el gobierno federal, que van más allá de los ingresos de la Presidenta, de 134 mil pesos.
Entre “las pensiones más grandes”, Buenrostro mostró que en la extinta Luz y Fuerza del Centro hay un padrón de 14 mil 73 extrabajadores por los cuales se paga un monto anual de 28 mil 74 millones de pesos, 67% de los cuales, 9 mil 457 trabajadores, reciben una pensión de 100 mil a un millón de pesos mensuales, 3 mil 504 tienen una jubilación superior al sueldo neto mensual de la Presidenta.
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“Tenemos una persona que recibe un poquito más de un millón de pesos mensuales. A los jubilados de Luz y Fuerza del Centro, además, se les subsidia el Impuesto Sobre la Renta parcialmente, la gran parte del impuesto, lo que representa 2 mil 400 millones de pesos adicionales por año”, refirió. Acusó que estas pensiones se pagan desde hace más de 16 años, antes de la liquidación de la entidad.
“Esta es la paraestatal que en el proceso de liquidación llevó las pensiones más altas de todo el sector público, representando hasta 140 veces más que el promedio nacional”, agregó.
La secretaria Anticorrupción mencionó que el promedio de pensiones en México es de 7 mil 92 pesos mensuales, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2024, mientras que en instituciones como ISSSTE e IMSS rondan alrededor de 6 mil 600 y 8 mil 400.
Sobre Pemex, expuso que tiene un padrón de 22 mil 316 personas jubiladas pertenecientes al régimen de confianza, a las cuales se les paga un monto anualizado de 24 mil 844 millones de pesos. 544 reciben montos superiores a las percepciones de la Presidenta, por mil 827 millones de pesos al año.
En 618 casos cada pensión supera el monto anual bruto de las percepciones asignadas al director general de Pemex. “No corresponde a su nivel salarial”, dijo Buenrostro.
En la petrolera se detectó que mil 96 casos superan el monto anual bruto del máximo establecido en el tabulador salarial vigente.
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“Los pensionados de Pemex reciben en promedio 39 veces más que el promedio nacional”, dijo.
En el caso de CFE, expuso que cuenta con 54 mil jubilados, a los que se les paga un monto anualizado de 643 millones de pesos. 2 mil 199 reciben cifras superiores a lo que gana la Presidenta, por un monto de 4 mil 496 millones de pesos anuales, mientras que 8 mil 157 casos superan la cantidad de la pensión más alta del IMSS, que es de 89 mil 685 pesos.
“Todas estas paraestatales están muy por encima de los promedios nacionales y del resto del gobierno”, aseveró la titular de la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción.
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También exhibió que Nafin cuenta con un padrón de mil 449 personas jubiladas, por las cuales se paga un monto anualizado de 643 millones de pesos.
Sobre Banobras, Buenrostro Sánchez indicó que cuenta con un padrón de mil 521 jubilados por los cuales se paga un monto anualizado de mil 29 millones de pesos. Mientras, Bancomext tiene un padrón de 966 personas jubiladas, por las que se pagan 766 millones de pesos al año.
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que todo esto no tiene que ver con los trabajadores con contratos colectivos: “Ahí sí no, porque esos son sus contratos, negociaciones históricas que han hecho”, expuso.
“Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, a los altos mandos que a la fecha con recursos públicos, o sea, recursos del pueblo, les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones”, indicó.
La consejera jurídica de Presidencia, Esthela Damián, comentó que la reforma que será enviada al Senado se sustenta en austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera.
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