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El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) suspendió a dos magistradas de un Tribunal Colegiado de Tamaulipas que otorgaron un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, para evitar su extradición a los Estados Unidos.
Se trata Lourdes Guadalupe Ávila Tovías y Dulce Yanet Vega Camacho, electas en la elección judicial de 2025, quienes el año pasado frenaron el traslado del exmandatario para ser procesado por una Corte de Texas por el delito de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero.
A través de un comunicado, el TDJ señaló que ambas juzgadoras concedieron la protección de la justicia al expriísta mediante resoluciones contrarias a constancias procesales, además de que suplieron indebidamente las deficiencias jurídicas.
Explicó que en marzo del año pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió la extradición a los Estados Unidos de Eugenio Hernández Flores, por la posible comisión de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, quien promovió inicialmente un juicio de amparo en contra de esta determinación, mismo que le fue negado por un juez de Distrito.
Inconforme con la negativa del amparo, en noviembre del mismo año, el tamaulipeco impugnó la sentencia ante un Tribunal Colegiado de Circuito, además de que paralelamente presentó una recusación en contra del presidente de ese órgano jurisdiccional para que se abstuviera de conocer del asunto. Ante tal situación, el mismo magistrado presentó una excusa legal.
El Tribunal de Disciplina indicó que el asunto estuvo sin movimiento por siete años hasta que a principios de diciembre de 2025 las magistradas, hoy suspendidas, sin que el expediente estuviera listado, resolvieron el incidente de recusación y excusa, y dictaron sentencia en el juicio, mediante lo cual se modificó la sentencia del Juez Federal y concedieron el amparo para que se negara su extradición, lo anterior bajo el argumento de que la Cancillería mexicana no tomó en cuenta la opinión jurídica de un juez, la cual no era vinculatoria.
Ante ello, el Tribunal recordó que la decisión sobre la extradición de una persona es facultad del Poder Ejecutivo, pues es un acto que atañe a las relaciones con otros países basado en un principio de reciprocidad internacional, por lo que tal determinación constituye un acto exclusivo de la soberanía nacional reservado al criterio del Ejecutivo Federal.
Por ello, Rufino H León Tovar, presidente de la Comisión de Disciplina, señaló que este órgano jurisdiccional consideró que la permanencia de las dos magistradas como integrantes del Tribunal Colegiado referido, podría generar una grave afectación a la impartición de justicia, al ponerse en duda su profesionalismo e imparcialidad en los juicios de amparo de su competencia.
Por lo que ordenó suspenderlas en el cargo y de sus funciones durante el tiempo que dure la indagatoria iniciada por el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, la cual podría derivar en el inicio de un procedimiento de responsabilidad y en su caso, en la aplicación de las sanciones previstas por la ley.
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cdm/bmc
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