Suprema Corte valida impugnación de comunidades indígenas en materia medioambiental; Yasmín Esquivel se pronuncia a favor

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, se pronunció a favor del proyecto que finalmente avaló el máximo tribunal de justicia en revisión al amparo 451/2025, con referencia a la Norma Técnica Ambiental para granjas porcícolas en Yucatán.

Durante su intervención, dicha juzgadora explicó que integrantes de las comunidades mayas de Sitilpech, Kinchil y Chapab acudieron al juicio de amparo con la intención de reclamar una Norma Técnica Ambiental que regula la forma en que deberán construirse, operar y abandonarse las granjas porcinas en Yucatán.

Estas personas se quejaron de la falta de realización de una consulta indígena previo a la emisión de esa norma ya que les impacta por ser integrantes de pueblos afectados por las mega granjas que existen en los territorios donde habitan.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa. Foto: Especial

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Esquivel Mossa consideró que la especial situación en la que se ubican los quejosos frente a la norma combatida queda evidenciada desde su texto, pues en ésta expresamente se menciona que su objetivo es establecer los criterios y lineamientos para la localización, diseño, construcción, mantenimiento y operación; así como fijar las medidas para controlar y prevenir las alteraciones negativas, ocasionadas por las actividades productivas.

Precisó, además, que los impactos derivados del incremento en el establecimiento de granjas porcinas en esa entidad durante los últimos años han sido materia de análisis en documentos y artículos, en los cuales se menciona el rechazo de los pueblos indígenas locales frente a la instalación y crecimiento de tales centros de producción en diversos territorios originarios.

Lo anterior, señaló Yasmín Esquivel Mossa, parece suficiente para concluir que la Norma Ambiental genera un impacto diferenciado en las quejosas, al habitar en comunidades reguladas por ésta, pues su eventual aplicación, al autorizar nuevos centros de producción porcícola o regular la operación o desmantelamiento de los ya existentes, incidirá a las comunidades en las que habitan.

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