“Gracias a Dios nos escucharon”, señaló Jaime, padre de la niña Citlali de 9 años por quien la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una sentencia inédita que obliga al sistema educativo a adaptarse y brindar las condiciones necesarias para que los niños con discapacidad como ella puedan ir a la escuela.
Jaime
, el padre de Citlali, es agricultor de origen mazahua , vive en el Estado de México con su esposa y sus cinco hijos, entre ellos Citlali. En declaraciones obtenidas a través de Mexicanos Primero , esperó que más allá del beneficio para su hija, las autoridades educativas volteen a ver las necesidades de los niños que viven con discapacidad y de sus familias, así como los alumnos regulares.

Por ejemplo, que se mejore la infraestructura de las escuelas y se les entreguen útiles y uniformes escolares a todos los niños de la comunidad.
“Que las autoridades volteen y vean lo que en realidad se necesita. Citlali ya tiene un lugar en la escuela, pero que no se quede en eso. Que se mejoren las condiciones en la escuela y que esta sea digna para ella, que volteen a ver las necesidades que están aquí, no son cosas que nada más mi niña necesita, sino todos los demás niños”.
Citlali es una niña indígena originaria del Estado de México quien vive con Síndrome de Down . Desde 2017, su familia inició un proceso legal para conseguir que pudiera ir a la escuela, luego de que al intentar escribirla en la primaria, las autoridades escolares le dijeron que “para ella no” había escuela.
La familia ha batallado durante los últimos casi tres años para conseguir que Citlal i, quien vive con Síndrome de Down, pueda ir a la escuela y estudie la primaria en su idioma y atendida por las autoridades estatales y federales, igual que cualquier otro niño.
Lo más que lograron fue que la niña fuera aceptada como oyente en la misma escuela que uno de sus hermanos, puesto que los maestros no podían darle la atención que necesitaba.
Actualmente de 9 años de edad, Citlali estudia el cuarto grado de primaria apoyada por un profesor “sombra” que la acompaña a tomar clases y la ayuda con sus necesidades educativas especiales; este acompañamiento se logró gracias a un amparo que consiguieron sus abogados del Centro Estratégico de Impacto Social (CEIS) y Mexicanos Primero.
“Es algo increíble y jamás me imaginé llegar hasta donde llegamos. Gracias a Dios y al apoyo de muchas personas logramos llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo el padre.
El miércoles, por unanimidad, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , decidió ratificar un amparo y que el Estado mexicano está obligado a proveer las condiciones para que Citlali vaya a la escuela sin ser discriminada, con todos los apoyos y ajustes necesarios. En términos prácticos, esto quiere decir que deberá ser el sistema educativo el que se adapte a la niña para poder cumplirle su derecho a la educación.
Durante estos tres años, la familia ha tenido que enfrentarse también a los prejuicios en contra de las personas que viven con discapacidad, y al temor de sus vecinos de que por el caso de Citlali el gobierno federal o estatal decidiera cerrar el plantel de educación indígena. A raíz de ello, Jaime ha pedido que no se den a conocer sus nombres completos ni la localización de la comunidad en el Estado de México puesto que temen que eso atraiga mayor atención sobre su localidad y haga más difícil la convivencia con sus vecinos.
De acuerdo con el CEIS , en el amparo que resolvió favorablemente la segunda sala de la SCJN , se solicita que las autoridades educativas federales y estatales que cumplan con su obligación de garantizar la inclusión plena de Citlali a la escuela.
Para lograrlo se necesitaría que la Cámara de Diputados y la Legislatura del Estado de México a destinar recursos suficientes para brindar el servicio educativo a los niños que viven con discapacidad.
También que las autoridades educativas federal y locales elaboren materiales educativos para niños con discapacidad; que realicen ajustes en los planteles para atender a los niños; regular la formación de docentes para atenderlos; y generar información suficiente para elaborar políticas y programas en materia educativa.
“Estábamos viendo por la niña para que no se le negara la oportunidad. Gracias a Dios que ya nos escucharon y ahora hay que esperar a ver la respuesta de las autoridades que les compete, que nos den resultados y volteen a ver a la niña y qué es lo que necesita”, señaló.
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