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El pleno del Senado de la República aprobó la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual define un marco legal que permita la participación del sector privado y social en proyectos de infraestructura pública mediante esquemas de inversión mixta, directa o indirecta.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) rechazaron la nueva ley presidencial al calificarla como “licencia para robar” al gobierno federal y la misma fomentará discrecionalidad, amiguismo, tráfico de influencias y simulación.
Durante la sesión ordinaria se aprobó en lo general y en lo particular con 84 votos a favor y 28 en contra, y se turnó al Ejecutivo Federal, la reforma presidencial que permite la suscripción de contratos por hasta 40 años, con la intención de brindar certeza jurídica a los inversionistas y asegurar la continuidad de las obras independientemente de las variaciones en los ingresos gubernamentales.
Los proyectos se enfocarán en áreas estratégicas como energía, trenes, carreteras, puertos, salud y agua.
Se crea el Consejo de Planeación Estratégica como un órgano consultivo (presidido por el titular del Ejecutivo) encargado de definir prioridades, emitir recomendaciones y dar seguimiento a las inversiones.
En tribuna, la senadora del PAN, Imelda Margarita Sanmiguel, indicó que esta nueva ley contiene mecanismos mañosos, que privilegian y que se convierten en un sistema exclusivo que va a beneficiar a un grupo de empresarios afines al régimen. “Es una licencia para robar” y se incrementará el tráfico de influencias y negocios al amparo del amiguismo.
“Esa reforma es un manual burdo de cómo ser discrecional, de cómo evadir responsabilidades y de cómo manejar el dinero sin controles. Desaparecieron al Inai. Así que toda reforma que carezca de controles de transparencia y que debilite la rendición de cuentas es inadmisible”.
Claudia Anaya, senadora del PRI, comentó que hay un neoliberal abuso del recurso de los ahorros del retiro de los trabajadores. “Hoy en día pueden tomar el 30% de los ahorros de las Afores para inversión productiva, pero no para este tipo de proyectos, ya porque faltaba un instrumento financiero que hoy se crea en esta ley”.
“Esta es la manera en la que se toma dinero de los ahorradores y se va a proyectos si gubernamentales, pero con inversión privada, eso es lo que está aprobando la izquierda de este país. Muy bien, fuera máscaras, esto también está generando una distorsión de lo que es la definición del gasto corriente estructural”, apuntó.
La nueva ley cuenta con 141 artículos, el ordenamiento regula los mecanismos de inversión que sirvan para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica, que contribuyan al desarrollo nacional y al bienestar del pueblo de México, a través de la participación de los sectores público y privado.
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En tribuna, el senador Homero Davis Castro, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, explicó que se trata de un proyecto que busca consolidar un marco jurídico integral para ordenar, fortalecer y dar certidumbre a la inversión en infraestructura estratégica en el país, bajo una visión de desarrollo con bienestar, rectoría del Estado y responsabilidad fiscal.
Detalló que la propuesta contempla ejes que dan sustento a un nuevo modelo de inversión en infraestructura estratégica, incorporando mecanismos claros de financiamiento, ejecución, gobernanza, disciplina fiscal, transparencia y sostenibilidad, indispensables para garantizar su eficacia y viabilidad en el largo plazo.
Se instrumentan en la nueva ley los esquemas de participación mixta que permiten adecuar la intervención de los distintos sectores a la naturaleza de cada proyecto, preservando en todo momento la rectoría del Estado y reglas claras en materia de riesgos, gobernanza y desempeño.
Esto, por medio de la figura de “Vehículos de Propósito Específico” como figuras jurídicas y financieras que facilitan la estructuración de proyectos y la canalización de recursos hacia la infraestructura productiva, sin generar por sí mismo obligaciones financieras para el Estado.
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dft/bmc
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