Robos en transporte en Edomex podrán ser sancionados hasta con 18 años de prisión; Suprema Corte avala agravantes
La ministra Ortiz mencionó que esta medida busca proteger otros bienes jurídicos como la integridad, la salud y vida de las personas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló las penas agravadas por robo con violencia y robo en trasporte público en el Estado de México, con sanciones condenatorias de 8 hasta 18 años.
El proyecto, bajo la ponencia de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, establece que la gravedad de la pena debe ser proporcional al hecho antijurídico y al grado de afectación del bien jurídico protegido.
Es decir, el pleno del Alto Tribunal determinó que imponer sanciones más severas es constitucional, debido a que estos ilícitos no afectan solamente el patrimonio, sino que también generan violencia, impacto psicológico en las víctimas y mayor inseguridad para quienes usan el transporte público.
¿Cómo quedan las penas por robo con violencia y robo en el transporte en Edomex?
Después de que el Alto Tribunal resolvió que son válidas las penas de prisión establecidas en el Código Penal del Estado de México, las sanciones con agravantes son las siguientes:
- Robo básico: De 6 meses a 2 años cuando el valor de lo robado no exceda 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
- Robo con violencia: De 8 a 12 años.
- Robo en transporte público: De 9 a 15 años (al momento de los hechos del asunto). Actualmente la pena va de 12 a 18 años.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf mencionó en sesión del Pleno que el robo agravado por su comisión con violencia y en medios de transporte públicos de proteger busca proteger otros bienes jurídicos además del patrimonio, como integridad, seguridad jurídica, salud y vida de las personas.
“No se trata solo de la pérdida de bienes materiales, sino de las afectaciones físicas y psicológicas que invaden a estudiantes, trabajadores y familias que utilizan el transporte para construir su día a día”, expresó Ortiz Ahlf.
El proyecto fue avalado por mayoría de seis ministros: Sara Irene Herrerías Guerra, Irving Espinosa Betanzo, Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf y el presidente Hugo Aguilar Ortiz.
En contraste, los ministros Giovanni Figueroa Mejía, María Estela Ríos González y Arístides Guerrero García votaron en contra del asunto.
“Las agravantes son proporcionales porque buscan sancionar la mayor gravedad del delito y las condiciones en que se comete, al afectar distintos bienes jurídicos y ser un fenómeno delictivo de alta incidencia que afecta la economía estatal y la seguridad pública”, subrayó el Máximo Tribunal en un comunicado tras la resolución.
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