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La continuidad de los refugios para mujeres víctimas de violencia está en riesgo por retrasos, posibles recortes y nuevas condiciones que trasladan cargas al sector civil, lo que podría afectar la protección de mujeres, niñas y niños en situación de alto peligro, advirtió la Red Nacional de Refugios (RNR), que dirige Wendy Figueroa.
En un posicionamiento público, la organización expresó su preocupación por las condiciones establecidas en los convenios de concertación de acciones del Componente C, dirigido al “Apoyo para Espacios de Refugio Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos”, al advertir que trasladan responsabilidades sustantivas del Estado hacia organizaciones de la sociedad civil.
Señaló que aunque estos instrumentos buscan garantizar la atención a mujeres, niñas y niños en situación de violencia, en la práctica debilitan la garantía efectiva de derechos al imponer cargas operativas y financieras a los refugios.
Subrayó que los refugios no son un apoyo complementario, sino espacios de protección vital donde cientos de mujeres y sus hijas e hijos encuentran una alternativa frente a la violencia extrema, el riesgo feminicida y la impunidad.
Entre las principales preocupaciones, la Red destacó que no se garantiza la entrega oportuna de recursos, lo que abre la posibilidad de retrasos o cancelaciones sin responsabilidad gubernamental. Además, criticó que los recursos sean considerados “complementarios”, lo que traslada la carga financiera a las organizaciones.
También advirtió sobre la existencia de sanciones que calificó como desproporcionadas, que podrían derivar en la cancelación de proyectos y la devolución total de los recursos, así como la imposición de obligaciones administrativas sin condiciones equivalentes de corresponsabilidad por parte del Estado.
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La organización alertó que estas disposiciones generan incertidumbre operativa y ponen en riesgo la continuidad de los servicios, lo que impacta directamente en la seguridad de las mujeres, niñas y niños que dependen de estos espacios.
También denunció posibles actos discriminatorios en el acceso a los recursos, al señalar que dos refugios previamente aprobados en los resultados 2026 fueron posteriormente notificados como “no cumple”, sin una explicación fundada.
Indicó que el acceso a recursos destinados a la protección no puede condicionarse a criterios no establecidos en la ley ni limitarse por la nacionalidad de quienes representan legalmente a las organizaciones.
La Red sostuvo que incluso si los recursos se liberan en los próximos días, la exigencia no se limita a su entrega, sino a que esta sea oportuna, suficiente y sostenida, sin depender de decisiones discrecionales.
Desde un enfoque de derechos humanos, recordó que la protección de las mujeres frente a la violencia es una obligación del Estado mexicano, establecida en la Constitución, la legislación nacional y tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará.
La RNR hizo un llamado a garantizar recursos suficientes y oportunos, transparentar los procesos de asignación, respetar los principios de igualdad y no discriminación, y establecer mesas de trabajo con autoridades como la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para revisar las condiciones de los convenios y asegurar la continuidad de los servicios.
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