Recortes pegan a desarrollo científico y tecnológico: expertos

La Red ProCienciaMx, integrada por científicos, médicos, investigadores y académicos de todo el país, advirtió que México enfrenta un debilitamiento progresivo de sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, derivado de recortes presupuestales, precarización laboral, rezago en infraestructura y obstáculos administrativos.

En un posicionamiento público, alertó que el país se está quedando rezagado frente a una economía global basada en el conocimiento, mientras disminuyen las condiciones para formar científicos, generar patentes, impulsar innovación y fortalecer instituciones de investigación.

México destina entre 0.28% y 0.31% del Producto Interno Bruto (PIB) al gasto en investigación y desarrollo experimental, cifra muy inferior al promedio mundial cercano a 2%, señaló la red.

“Esta tendencia limita la capacidad nacional para hacer ciencia en universidades públicas, instituciones autónomas y centros de investigación, así como para desarrollar colaboraciones con el sector productivo”, sostuvo.

ProCienciaMX afirmó que los cambios legales realizados entre 2018 y 2024 también generaron incertidumbre jurídica, trato desigual y restricciones que afectan el trabajo científico y académico.

Entre los principales problemas se encuentran la precarización laboral en centros de investigación, retrasos en pagos de estímulos, cierre de programas académicos y dificultades para acceder a bibliografía especializada o participar en proyectos internacionales.

La organización también alertó sobre el deterioro de la infraestructura científica, debido a la falta de recursos para renovar laboratorios, equipos especializados y sistemas de cómputo.

“Muchos equipos de frontera fueron adquiridos hace más de dos décadas y hoy ya no cuentan con refacciones ni soporte técnico”.

Denunció burocracia excesiva para ejercer recursos, importar materiales o adquirir equipo básico indispensable para actividades académicas y científicas.

Cuestionó además diversos aspectos de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, al considerar que existen vacíos normativos y afectaciones a la libertad académica.

También acusó exclusión y trato desigual hacia estudiantes e investigadores de universidades particulares, además de cambios repentinos en reglas de operación y criterios administrativos.

Otro de los focos de preocupación, añadió, es el abandono de jóvenes científicos debido a la reducción de becas de posgrado, falta de plazas académicas y esquemas laborales precarios.

Frente a este panorama, la organización propuso aumentar progresivamente la inversión pública en ciencia hasta alcanzar al menos 0.5% del PIB mediante incrementos anuales equivalentes a 0.1% del PIB, lo que representaría alrededor de 35 mil millones de pesos adicionales cada año.

También pidió reconocer la investigación científica como una inversión estratégica para el desarrollo nacional y construir una política científica de largo plazo con participación amplia de la comunidad académica.

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