El senador del PVEM, Luis Armando Melgar, presentó una iniciativa de reformas que busca la “neutralidad política” de los programas sociales de cara a las elecciones federales del 2027 con el fin de evitar el uso electorero de los mismos y “amarrar” las manos a Morena para que los mismos no se usen para beneficiar a sus candidatos.
La iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Social introduce el concepto de “neutralidad política” para que los apoyos y programas sociales como la Pensión de Adultos Mayores, becas a estudiantes y otros programas se entregue como un derecho y no sean condicionados para apoyar al partido en el gobierno.
“El Padrón Único de Beneficiarios será considerado información de interés público y su uso con fines electorales estará estrictamente prohibido. Ninguna autoridad, partido político, persona candidata o coalición podrá emplearlo con propósitos partidistas, clientelistas o propaganda”, se plantea.
Asimismo, la publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso ·para fines distintos al desarrollo social". La propaganda, publicidad e información a que se refiere el presente ordenamiento deberá utilizar exclusivamente colores neutros.
“Desafortunadamente muchos programas actualmente son entregados bajo las siglas o colores de Morena, incluso los servidores de la nación van con chalecos guindas y algunos candidatos o precandidatos en sus mítines advierten que los programas son de ese partido. Se busca amarrarle las manos a Morena de cara al 2027”, dijo Melgar en entrevista.

La reforma plantea que queda estrictamente prohibido el uso de emblemas, eslogan, imágenes, mensajes, expresiones o cualquier elemento de propaganda electoral, partidos políticos o candidaturas, en la difusión, entrega o promoción de los programas de desarrollo social.
Se señala que la Neutralidad Política de los Programas Sociales es el principio mediante el cual la administración, asignación y aplicación de los recursos públicos, así como el diseño, instrumentación, operación y difusión de los programas sociales, políticas y acciones gubernamentales, deberán realizarse con imparcialidad, objetividad y transparencia para evitar el uso electoral, la coacción del voto y el proselitismo.
Finalmente, se expone que el incumplimiento se equipará en una infracción electoral y será sancionad con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y de conformidad con los mecanismos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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