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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró una cacatúa de las Molucas (Cacatúa moluccensis), especie enlistada en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), tras detectarla dentro de un embalaje de madera, en el que pretendía ser traficada, en el Aeropuerto Internacional de Mérida, en Yucatán.
Durante la inspección, la autoridad ambiental constató que el ave presentaba cortes parciales en ambas alas, práctica que le impide volar y desplazarse con normalidad y que infringe la Ley General de Vida Silvestre, al vulnerar el principio de trato digno y respetuoso hacia los ejemplares de vida silvestre.
Ante esta situación, la cacatúa fue asegurada y trasladada a una Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA), donde recibirá atención veterinaria y permanecerá bajo resguardo conforme a la normatividad ambiental.
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De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las cacatúas son aves silvestres originarias de Oceanía que requieren condiciones muy específicas de manejo, espacio y socialización.
Su tenencia como mascotas no solo es ilegal en la mayoría de los casos sino que suele derivar en afectaciones graves a su salud física y conductual cuando permanecen en cautiverio inapropiado.
La Semarnat ha señalado que prácticas como el corte de alas en psitácidos constituyen una forma de maltrato, ya que alteran de manera permanente su comportamiento natural, les provocan estrés crónico y reducen significativamente su bienestar.
En el caso de especies protegidas por acuerdos internacionales, estas acciones agravan el impacto del tráfico ilegal de fauna silvestre.
Así, la Profepa reiteró el llamado a la ciudadanía a no comprar ni regalar ejemplares de vida silvestre, al advertir que la demanda de estas especies alimenta su extracción ilegal y deteriora sus poblaciones en vida silvestre.
Aseguran más de 7 mil metros cúbicos de madera ilegal en carreteras de Oaxaca
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con la Guardia Nacional, realizó los días 19 y 20 de diciembre un operativo en materia forestal en distintos tramos carreteros del estado de Oaxaca en el que aseguró 7 mil 419 metros cúbicos de madera de procedencia ilegal.
La dependencia informó que, como resultado, también realizó la puesta a disposición de una persona ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de aprovechamiento, transporte y comercio ilegal de recursos forestales.
Las acciones se desarrollaron en los tramos Oaxaca de Juárez–Tlacolula de Matamoros–San Pablo Villa de Mitla y Monumento a Benito Juárez–San Francisco Tutla–San Andrés Huayapan, con el objetivo de verificar la legal procedencia de productos forestales y de ejemplares de vida silvestre que se comercializan durante la temporada decembrina.
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Durante el operativo se inspeccionaron 10 vehículos de carga tipo tortón que transportaban madera en rollo y leña de las especies Pinus spp. y Quercus spp., en esos casos, los conductores acreditaron la documentación correspondiente, por lo que se les permitió continuar su tránsito.
Sin embargo, en el tramo carretero Oaxaca de Juárez–Ixtlán de Juárez, a la altura del municipio de San Francisco Tutla, se inspeccionó una camioneta de tres toneladas que transportaba 366 tablas de madera aserrada de pino, equivalentes a 5 mil 254 metros cúbicos, sin contar con documentación que acredite su legal procedencia.
Ante esta irregularidad, personal de Profepa y elementos de la Guardia Nacional realizaron la puesta a disposición de la persona y del producto forestal ante la FGR, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
En una segunda acción, en el tramo Villa de Zaachila–Santa Cruz Xoxocotlán, en el municipio de San Raymundo Jalpan, se inspeccionó una camioneta tipo pick-up que transportaba 2 mil 165 metros cúbicos de leña de pino en raja, también sin acreditar su legal procedencia. En este caso, se levantó el acta de inspección correspondiente y se aseguró el material forestal.
Como parte de las acciones posteriores, la Profepa abrió el expediente y colabora con la Fiscalía General de la República en la integración del peritaje forestal para determinar responsabilidades.
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