PRI va contra políticos con nexos con el crimen organizado; propone reformar el Código Penal Federal

El diputado del PRI Christian Mishel Castro Bello presentó una reforma al Código Penal Federal con el propósito de establecer que comete traición a la patria el funcionario al cual le acrediten crímenes en materia de delincuencia organizada, relacionados con infracciones contra la salud, contrabando de hidrocarburos, secuestro, extorsión y/o emplee recursos provenientes de tales ilícitos para el ejercicio de su actividad política.

Dicha propuesta, que adiciona las fracciones XVI y XVII al artículo 123, enviada a la Comisión de Justicia, precisa que, además de las penas que conllevan los delitos en lo particular, le será aplicable la pena de cárcel máxima señalada en este artículo (40 años) y se le impondrá una multa equivalente a seis años del salario percibido por el ejercicio del cargo público sobre el cual obtuvo provecho para su actividad criminal.

Además, indica que comete traición a la patria el servidor público que haya incurrido en responsabilidades administrativas y penales por hechos de corrupción relacionados con la distracción, ejercicio u otorgamiento, ya sea para beneficio propio y/o de un tercero, de fondos públicos en forma ilegal, así como cuando no acredite legítimamente el incremento de su patrimonio.

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En este caso, le será aplicable la pena de prisión máxima señalada en el citado artículo (40 años) y se le impondrá una multa equivalente al monto del recurso objeto del hecho ilegal o del aumento patrimonial no comprobado.

De igual modo, menciona que comete traición a la patria el tercero particular que haya obtenido un beneficio de las conductas señaladas, siendo aplicable, además de las sanciones administrativas y penales en lo particular establecidas en la legislación vigente, la misma penalidad y multa de hasta del 70 por ciento del beneficio obtenido.

Castro Bello busca devolver confianza a ciudadanía

En la fundamentación de esta iniciativa, Castro Bello expone que el fin es contribuir a que se devuelva la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones y al servicio público en general, y se castigue como traidores a la patria a los servidores públicos que, haciendo uso del cargo que les fue conferido o designado, tengan o establezcan vínculos con el crimen organizado.

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Asimismo, pretende considerar como traición a la patria cuando los servidores incurran en hechos de corrupción relacionados con el aumento de su patrimonio no comprobado y/o incurran en distracción, ejercicio u otorgamiento de fondos públicos ilegalmente, ya sea en beneficio propio y/o de un tercero.

Ello, abunda, obedece a que en los últimos años se han presentado una serie de escándalos relacionados con la distracción ilegal de fondos públicos y el ejemplo más claro es el del “desfalco” del organismo descentralizado denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Puntualiza que esto no puede constreñirse sólo a los servidores públicos que obtengan un beneficio por tales ilícitos, sino también debe extenderse hacia las personas particulares que participen en dichos entramados y que obtengan un beneficio de esas operaciones.

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