Ante el incremento de la extorsión telefónica y el fraude digital en México, el PRI en el exhortó a las autoridades federales y estatales al fortalecimiento de las estrategias permanentes de prevención, información, investigación y combate contra estos delitos, responsables de afectaciones al patrimonio y la de millones de familias mexicanas.

Advirtieron que las han sofisticado sus métodos mediante técnicas de ingeniería social, phishing, smishing, vishing, clonación de cuentas de mensajería, falsos secuestros, ofertas de empleo fraudulentas, inversiones falsas e incluso el uso de inteligencia artificial para la creación de audios y videos manipulados que facilitan el engaño a las víctimas.

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Por ello, exhortaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Fiscalía General de la República y las autoridades estatales al fortalecimiento de las campañas de prevención, la cultura de la ciberseguridad, la coordinación institucional, la investigación especializada y los mecanismos de identificación, monitoreo y bloqueo de números telefónicos y plataformas utilizadas para la comisión de extorsiones y fraudes digitales, con pleno respeto a los derechos humanos y la protección de los datos personales.

Destacaron que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, el fraude encabezó la incidencia delictiva en el país durante 2023, con 6 mil 962 delitos por cada 100 mil habitantes, mientras que la extorsión ocupó el tercer lugar, con 5 mil 213 casos por cada 100 mil habitantes. Además, el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2024 registró 4 mil 114 incidentes de extorsión cibernética, 4 mil 504 fraudes diversos, 6 mil 303 fraudes relacionados con comercio electrónico y 10 mil 300 robos de contraseñas en redes sociales, cifras que reflejan la creciente sofisticación de la delincuencia digital.

Asimismo, señalaron que la CONDUSEF ha documentado un aumento sostenido en las reclamaciones por operaciones bancarias no reconocidas, robo de identidad y fraude electrónico, mientras que una parte importante de estos delitos permanece sin denuncia, situación que dificulta la identificación de patrones delictivos y la desarticulación de las organizaciones criminales.

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