Presidenta del Sistema Anticorrupción llama a gobernadora Marina del Pilar a separarse del cargo; no es una condena, es prudencia, le pide

La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, pidió a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, solicitar licencia y separarse temporalmente del cargo, luego de que la mandataria confirmó la existencia de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra su exesposo, Carlos Torres Torres, por su probable participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.

A través de redes sociales, Pérez Morales sostuvo que la separación del cargo responde a razones de integridad pública, congruencia democrática y responsabilidad institucional, con el objetivo de garantizar condiciones de máxima transparencia, imparcialidad y confianza ciudadana.

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California. Foto: Tomada de la cuenta de X de @MarinadelPilar.

Llamado ciudadano y exigencia de legalidad

De manera paralela, integrantes de los Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Estatales Anticorrupción y del propio Sistema Nacional Anticorrupción, así como diversas organizaciones de la sociedad civil, pidieron a la gobernadora solicitar licencia y apartarse temporalmente del cargo mientras la investigación se esclarece y las autoridades competentes determinan lo conducente.

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“Esta solicitud no constituye una condena ni una afirmación de responsabilidad: es una medida prudencial orientada a proteger el interés público, sobre cualquier interés particular o personal”, señalaron en un posicionamiento conjunto.

Indicaron que, sin prejuzgar ni imputar delitos, y respetando la presunción de inocencia de Torres Torres, resulta indispensable adoptar medidas preventivas cuando existe una investigación abierta que puede comprometer, ya sea por percepción pública o por posibles interferencias, la legitimidad en el ejercicio del poder.

En ese sentido, destacaron que el llamado se sustenta en principios fundamentales que forman parte de las exigencias democráticas mínimas, entre ellos el derecho de la población a vivir en un entorno libre de corrupción y el derecho a un buen gobierno.

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Asimismo, exhortaron a las autoridades competentes a conducir la investigación con celeridad, imparcialidad, rigor, legalidad y transparencia, garantizando en todo momento el debido proceso.

“El país necesita certezas, no polarización; instituciones, no sospechas permanentes; gobernantes comprometidos, no proyectos personalistas”, concluyeron.

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