Para determinar si existen incrementos injustificados o inexplicables en su patrimonio, la Secretaría de la Función Pública (SFP) substancia 93 expedientes de funcionarios de la administración federal pasada.
Los casos corresponden a exempleados de Petróleos Mexicanos (Pemex) —y su sindicato—, de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Desarrollo Social (Sedesol), Comunicaciones y Transportes (SCT), así como del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
En el Primer Informe de Labores de la SFP se indica que al 1 de diciembre de 2018, se encontraban en trámite 86 casos de verificación patrimonial, mientras que en la actual administración se han iniciado 60 expedientes más para determinar si existen incrementos injustificables o inexplicables en el patrimonio de los servidores.
“La mayoría [de los funcionarios estaban] adscritos a Pemex y a su sindicato. Además, [hay] expedientes relacionados con altos funcionarios de la Sedena, Sedatu, Sedesol, SCT y del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México”, detalló la dependencia.
En el informe indicó que se han concluido 53 expedientes, de los cuales 39 se han remitido a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la secretaría para la presentación de la denuncia correspondiente, cuyo monto global asciende a la cantidad de 242 millones 957 mil 421.78 pesos.
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