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La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, pasó de impulsar la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a descalificarlo públicamente al acusarlo de “injerencista” y rechazar sus conclusiones.
En los primeros años de su gestión, en 2020, la CNDH no sólo avalaba la intervención internacional, la promovía. Exhortaba al Ejecutivo federal a reconocer la competencia del comité y advertía que “la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad”.
Incluso, sostenía que ese reconocimiento representaba un paso para reforzar el régimen de protección frente a este delito.
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“Este organismo nacional reitera que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad, que exige el estricto cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado de prevenir las desapariciones forzadas y erradicar la impunidad en lo que respecta a este delito”, señaló en un exhorto dirigido al expresidente Andrés Manuel López Obrador para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
En 2021, frente a ese mismo comité, Piedra reconocía la dimensión del problema: hablaba de una “crisis de desapariciones”, admitía la “debilidad institucional para atenderla” y urgía a saldar “la deuda histórica” con las víctimas.
“El Estado mexicano tiene una asignatura pendiente con las víctimas de desapariciones forzadas y con sus familiares, tanto en aquellos casos cometidos por agentes estatales como en los que son responsabilidad de particulares, por lo que es urgente que autoridades y sociedad actúen conjuntamente para saldar esa deuda”, dijo la titular de la Comisión Nacional durante una reunión que sostuvo con los integrantes del CED.
Ese posicionamiento marcaba una apertura a la supervisión internacional que hoy contrasta con su postura actual.
Pero el tono cambió. Para 2025-2026, la CNDH comenzó a cuestionar la mirada externa y alertó sobre lo que consideró un intento de “imponer la idea de que la respuesta a los problemas en México sea la intervención de organismos extranjeros”.
“Nos preocupa que se pretenda imponer la idea de que la respuesta a los problemas en México sea la intervención de organismos extranjeros. Desde la CNDH creemos que la cooperación internacional es fundamental, siempre y cuando se ajuste a la realidad y necesidades del pueblo, que considere y ponga en el centro la agenda nacional de derechos humanos”, señaló el organismo en un posicionamiento difundido en octubre de 2025.
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El quiebre llegó en abril de 2026: el organismo rechazó abiertamente al comité, calificó sus conclusiones de “sesgadas” e “injerencistas”, y señaló a organizaciones civiles de “lucrar con los derechos humanos”.
En un pronunciamiento, la CNDH afirmó que el comité basó su decisión en peticiones de ONG y colectivos de familiares y cuestionó en particular que haya privilegiado, según dijo, posturas de organizaciones como el Centro Prodh por encima de los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales desplegados por el Estado mexicano en los últimos siete años.
“En lugar de tomar en cuenta los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales que se han llevado a cabo por el Estado mexicano en los últimos siete años, el CED optó por atender la opinión sesgada de organizaciones como el Centro Prodh.
“La verdadera naturaleza de ciertas organizaciones que se han ostentado como representantes de víctimas y defensoras de derechos humanos para lucrar, a efecto de justificar su decisión, el CED dejó de considerar los periodos en que se llevaron a cabo las prácticas reportadas, especialmente en atención a las actuaciones de los órganos del Estado mexicano”, señaló.
El viraje ocurre en un contexto en el que, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al 26 de marzo de 2026 el país acumula 394 mil 645 registros históricos desde 1952; de ellos, 132 mil 534 personas permanecen desaparecidas y no localizadas.
Eunice Rendón, activista y coordinadora de Agenda Migrante, advierte que el papel del organismo se ha transformado de fondo.
“La CNDH, bajo la presidencia de Rosario Piedra, dejó de ser un contrapeso del Estado para convertirse, en los hechos, en su defensora. En lugar de acompañar a las víctimas, cuestiona a organizaciones y colectivos y desacredita mecanismos internacionales que justamente existen para suplir las fallas internas.
“Esto es especialmente grave en un país que acumula más de 130 mil personas desaparecidas sin localizar, donde la crisis no es discursiva sino humanitaria”, subraya.
Destaca que “cuando una institución de derechos humanos ataca a quienes documentan, denuncian y buscan justicia, renuncia a su razón de ser. La cooperación internacional no es una amenaza a la soberanía, es una herramienta para garantizar derechos cuando el Estado no ha sido capaz de hacerlo. Rechazarla en este contexto no fortalece al país, lo debilita frente a las víctimas”.
En este contexto, la investigadora del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Carolina Jasso González, advierte que la dimensión de la crisis exige una postura distinta de los organismos públicos.
“Creo que lo primero que hay que poner sobre la mesa es la dimensión de lo que estamos hablando. México tiene más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas. Es una crisis que no inició ni en este sexenio, ni en el anterior, sino que tiene raíces desde la década de los 60”, señala.
Explica que el problema se agrava por la militarización de la seguridad pública y la evolución de las dinámicas criminales, lo que se refleja en el aumento reciente de casos, “tan sólo entre enero de 2023 y abril de 2025 se registran casi 29 mil nuevas desapariciones”.
Para la especialista, esto confirma que “estamos frente a un problema estructural que atraviesa administraciones y que no se ha logrado revertir”.
Enfatiza que la CNDH tiene un mandato claro: “Existe para proteger a las víctimas. Su mandato constitucional es ser un contrapeso al poder público, no un apéndice. Es un organismo autónomo precisamente porque su función es vigilar que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, señalar cuando no las cumple y acompañar a quienes sufran las consecuencias de estas omisiones o incumplimientos del Estado”.
Añade que en materia de desapariciones esto implica “documentar los casos, visibilizar los patrones y exigir que las fiscalías investiguen, que las comisiones de búsqueda funcionen y que la crisis forense se atienda”.
También subraya la relevancia de la cooperación internacional, “no es injerencia, es un acto de cooperación frente a un problema que rebasa las capacidades institucionales”.
Frente al giro de la narrativa del organismo, considera que hay una contradicción de fondo: “Lo que cambió entre 2020 y 2026 no es la crisis que se agravó, no cambió el comité ni su marco normativo, lo que cambió es que las conclusiones dejaron de ser cómodas y la CNDH ha respondido de manera muy similar a la postura del gobierno federal, incluso tomando una postura un poco más radical”.
“Y aquí es donde se ve el contraste, por ejemplo, con la postura que ha tomado la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que es un ejemplo de cómo un organismo autónomo puede posicionarse de manera responsable”.
A este diagnóstico se suma la voz de Carlos Torres, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien señala que el viraje de la CNDH tiene implicaciones profundas.
“Lo que estamos viendo es un debilitamiento del papel de los organismos autónomos. Cuando una institución como la CNDH deja de incomodar al poder y comienza a alinearse con él, pierde su esencia como contrapeso y deja en mayor vulnerabilidad a las víctimas”, afirma.
Torres advierte que el rechazo a la cooperación internacional envía una señal preocupante, “cerrar la puerta a mecanismos internacionales en medio de una crisis de esta magnitud no fortalece la soberanía, la debilita, porque impide el acceso a herramientas técnicas y experiencias que podrían acelerar la búsqueda de personas y el acceso a la justicia”.
También alerta sobre el impacto en la confianza pública: “Descalificar a organizaciones civiles y minimizar el papel de instancias internacionales no sólo polariza el debate, también erosiona la confianza. En un país con más de 132 mil personas desaparecidas, lo que se necesita es sumar capacidades, no restarlas”.
Torres es contundente sobre el cambio de postura: “El giro de la CNDH no es sólo discursivo, es institucional. Pasar de promover la supervisión internacional a rechazarla implica renunciar a una herramienta clave de rendición de cuentas. En los hechos, significa debilitar la presión para que el Estado actúe”.
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