"Parece que se los traga la tierra y no hay prevención"; buscadoras piden sanciones contra el gobierno de México por desapariciones
En entrevista con EL UNIVERSAL, la activista Priscila Salas acusó que "hay ocultamiento de cifras"
Priscila Salas, activista del colectivo "No se metan con nuestras hijas", de Sinaloa, destacó los señalamientos del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acerca de desaparición forzada de personas, en el sentido de que existe una crisis en México e indicios de que se trata de un crímenes de lesa humanidad.
Pero consideró que el informe y recomendaciones serán rechazados por el gobierno mexicano, por lo que de no haber sanciones a nivel internacional, en nuestro país seguirá la crisis de desaparición, impunidad y violencia.
“Yo creo que es mucho más importante la omisión al no prevenir el delito de desaparición, sumado a la impunidad que se vive en el país pues con todos estos delitos de personas menores de desaparecidas, de niñas de niños de adolescentes y de mujeres”.
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En entrevista con EL UNIVERSAL comentó que el gobierno federal está más preocupado por ocultar las cifras de feminicidios y desaparecidos que tener una estrategia como lo recomienda la ONU.
“No hay ninguna política pública emitida por el gobierno en ninguno de sus niveles para poder prevenir la desaparición de personas, porque parece que se los traga la tierra, no hay nada que se haga para prevenir”.
“La gran preocupación del gobierno mexicano es tratar de desaparecer a los desaparecidos. Yo creo que en México no va a tomar acciones que sean efectivas hasta que no haya sanciones internacionales que lo obliguen. Si no hay un costo político y un señalamiento internacional, nada va a cambiar”, concluyó.
Rechazan respuesta de gobierno ante informe de la ONU
Familias de personas desaparecidas rechazaron categóricamente que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) haya calificado como "falto de rigor", "parcial" o "sesgado" el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED).
Colectivos de búsqueda comentaron que el diagnóstico de la ONU no es una postura política ni un ataque a la soberanía, más bien el eco de sus voces y el reconocimiento de una tragedia que el Estado mexicano se niega a encarar.
“El Gobierno afirma que el informe carece de sustento. Nosotras respondemos: el rigor jurídico está en las más de 133,000 sillas vacías en nuestras mesas (pese al intento de “rasurar" el registro) y en los más de 83,000 cuerpos y restos que el Estado mantiene acumulados sin identificar. Descalificar al Comité es descalificar años de nuestra propia documentación, de peritajes independientes y del testimonio de quienes hemos tenido que aprender leyes y antropología forense ante la omisión de las autoridades”, declararon.
Al negar la asistencia técnica de la ONU, mencionaron en un comunicado, el Estado le da la espalda a una oportunidad real de profesionalizar la búsqueda y la identificación.
“No aceptar esta ayuda es condenarnos a seguir buscando solas, con nuestros propios recursos y bajo riesgos constantes.
El Estado presume leyes y comisiones que en el papel suenan bien, pero que en la práctica no encuentran a nadie. El Comité ha sido claro: las desapariciones continúan y la impunidad es estructural”, sostuvieron.
Calificaron como una “decisión histórica” del CED de llevar la situación de México ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas con carácter de urgencia, pues confirma que la crisis ha superado la capacidad del Estado.
Los colectivos Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles CDMX, Luciérnagas Buscadoras, y Mariposas Buscando Corazones y Justicia, exigieron que el Estado asuma el carácter grave y sistemático de la crisis de desapariciones, tal como lo señala el CED.
También pidieron al gobierno federal aceptar la asistencia técnica internacional en áreas de búsqueda y análisis forense de manera inmediata; acceso pleno a la verdad, sanción a los responsables (incluyendo agentes estatales) y el fin de la "limpieza" de cifras en el Registro Nacional.
“No nos vamos a callar. No aceptaremos que nos sigan tratando como un "problema incómodo" que se resuelve con comunicados indignantes. Las desapariciones forzadas no son cosa del pasado; son una herida abierta que requiere compromiso y acciones, no ponerse a la defensiva. El informe del Comité es una luz de esperanza y un llamado de auxilio que el mundo hace por México. Es hora de que el Estado escuche”, señalaron.
Acusan indiferencia del gobierno ante desapariciones
Activistas, familias y colectivos de búsqueda expresaron su preocupación porque la respuesta del gobierno mexicano no ha cambiado frente a la crisis de desapariciones forzadas, al mantener —señalan— una política de negación pese a la magnitud del problema.
“Nos preocupa que su respuesta no haya cambiado, la negación del crimen sigue siendo su política, pero ahora también niegan la ayuda internacional”, advirtieron en un posicionamiento conjunto tras la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de llevar el caso de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Familias y organizaciones de derechos humanos saludaron que el organismo internacional visibilice la crisis que atraviesa el país, la cual —subrayan— acumula más de 130 mil personas desaparecidas, resultado de años de omisiones por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno.
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Recordaron que desde 2010 comenzaron a exigir políticas públicas para frenar este delito, sin obtener respuestas efectivas. Ante ello, recurrieron a instancias nacionales e internacionales, promovieron la creación de instituciones y demandaron coordinación para atender una crisis humanitaria que se ha prolongado por más de medio siglo.
En el pronunciamiento, insistieron en que los casos que acompañan evidencian la existencia de desapariciones forzadas en México, pese a que el Estado continúa negándolas. Advirtieron que la actual postura oficial también implica rechazar la cooperación internacional propuesta por el comité de la ONU.
Las organizaciones destacaron que llevar el tema a la Asamblea General representa el resultado de años de lucha de miles de familias y el eco de un reclamo sostenido frente a la falta de justicia. Coincidieron con el comité en la urgencia de implementar medidas como cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en búsqueda, análisis forense e investigación, así como la creación de mecanismos eficaces para garantizar verdad, protección y acompañamiento.
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Asimismo, reiteraron que el diálogo es la única vía para avanzar y exigieron al Estado mexicano asumir su responsabilidad. Plantearon que la Presidencia de la República convoque a las familias de personas desaparecidas para reconocer la gravedad de la crisis, aceptar las conclusiones internacionales y construir una verdadera Estrategia Nacional de Búsqueda.
Advirtieron que mientras persista la negación y la simulación institucional, el país seguirá expuesto a la repetición de estos delitos de lesa humanidad, mientras que las víctimas continuarán enfrentando un camino de sufrimiento prolongado.
Organizaciones firmantes:
- Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
- Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Chiapas)
- Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
- Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
- Consultora Solidaria
- Defensores por la Justicia (Oaxaca)
- Frontera con Justicia A.C. (Casa del Migrante Saltillo)
- Fundación para la Justicia
- Justicia Transicional en México A.C.
- Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato
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