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Debido a que “fragmentaría las investigaciones ministeriales vigentes”, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar improcedente la creación de la Comisión de la Verdad, que ordenó un Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas.
A través de un escrito presentado el pasado viernes ante el máximo tribunal del país, familiares de los estudiantes señalaron que la resolución dictada por “el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito pretendió innovar en el ámbito de las reparaciones judiciales; no obstante, salvo error de apreciación de nuestra parte, su análisis adolece de serios vicios de motivación, fundamentación y competencia constitucional que la Suprema Corte debe corregir”.
En el documento firmado por Felipe de la Cruz Sandoval, Socorro Villarreal Moctezuma, Margarito Ramírez Rodríguez, Celso García Aristeo, María Micaela Fernández y Hugo Mora Venancio, los padres de los normalistas consideran que la creación de la Comisión de la Verdad duplicaría funciones de los laboratorios forenses y dispersaría recursos económicos indispensables para el esclarecimiento del caso que en septiembre próximo cumple doce años.
Por lo que, pidieron a la Suprema Corte de Justicia revocar y corregir el criterio interpretativo de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado que, según ello, concedió facultades extraordinarias a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y desnaturaliza las que son exclusivas del Ministerio Público Federal.
Indicaron que con esta resolución, el órgano jurisdiccional abandonó su rol de juzgador para transformarse en codiseñador de políticas públicas y gasto público, contraviniendo las facultades exclusivas del Ejecutivo.
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Asimismo, mencionaron que el Primer Tribunal presupuso una existencia masiva de tortura, que provocó se excluyeran declaraciones, testimonios e indicios, lo que ocasionó la reposición masiva de procedimientos penales y la liberación de presuntos implicados en el secuestro y desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
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Por ello, los padres de los estudiantes normalistas solicitaron a la SCJN que ordene la articulación de siete medidas entre las que se encuentran dotar de mayores recursos a la actual Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia y a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
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Así como ordenar a la FGR que adopte sistemáticamente los protocolos de Minnesota y Estambul, así como constituir una célula de peritos internacionales y fiscales especializados dedicada exclusivamente a la depuración probatorio y al blindaje de la cadena de custodia.
em/apr
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