La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, ordenó la creación de una oficina especial para investigar violaciones a derechos humanos ocurridas en el periodo de la Guerra Sucia.
Esta unidad indagará los crímenes ocurridos entre 1969 y 1999, y en los que participaron Fuerzas Federales. Entre los delitos están la desaparición forzada, detenciones arbitrarias, asesinatos, torturas, así como ejecuciones arbitrarias.
Para los casos de desaparición forzada, la oficina especial trabajará bajo cinco ejes: se buscarán archivos documentales —penales, siquiátricos, forenses, federales militares, de inteligencia, de los poderes Ejecutivo y Judicial—, en los que pueda haber información al respecto.
También habrá reforzamiento documental y testimonial de casos investigados por unidades especiales, la policía e incluso el Programa de Personas Desaparecidas del organismo autónomo.
Se analizará el alcance de los expedientes abiertos por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, así como de la Comisión de la Verdad para indagar las violaciones de derechos en los años 60 y 70, y la CNDH.
Además, se entrevistará a funcionarios públicos de todos los niveles que pudieran tener información y se hará un llamado para que declaren todas las personas que pudieran contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Por último, se harán inspecciones de sitios de detención clandestina previamente identificados y la búsqueda de nuevos.
El titular de esta oficina estará acompañado de visitadores adjuntos de la Primera y Sexta visitadurías generales que tenían conocimiento de estos casos, además de un grupo de historiadores, abogados, histopatólogos, odontólogos, antropólogos, químicos genetistas forenses, sicólogos y criminalistas.
Todos serán vigilados por un consejo formado por víctimas y familiares, con el objetivo de conseguir resultados efectivos y para que haya acceso a la justicia para todos los casos.
Además de realizar las investigaciones de estas violaciones a derechos humanos, la oficina especial también propondrá reformas constitucionales, legales, educativas, de memoria y de garantías de no repetición.
“Ante los intentos por esclarecer los hechos del pasado relacionados con violaciones a los derechos (...) se señala que la represión del activismo político, las detenciones arbitrarias, la tortura, el asesinato y la desaparición forzada ha sido una estrategia de terror aplicada por el Estado”, aseveró la CNDH.