Más Información
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobó por 26 votos a favor, el dictamen de la reforma al artículo 127 constitucional para eliminar las llamadas “pensiones doradas” de organismos descentralizados y empresas públicas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los votos a favor fueron de los diputados de Morena, PVEM y PT; y los legisladores del PAN, PRI y MC abandonaron la reunión y no votaron.
En un acuerdo previo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se estableció que dicho dictamen sea discutido por el pleno en la sesión ordinaria de mañana.
Lee también Segob y Trabajo lanzan “México te Emplea”; impulsan trabajo para migrantes en la frontera sur
El proyecto establece que las jubilaciones de servidores públicos no deberán exceder de la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos.
También dispone que la reforma será retroactiva, en caso de aprobarse, y las pensiones actuales que sobrepasen dicho límite, deberán ajustarse al monto fijado en la reforma constitucional.
Aunque representantes de ex trabajadores de Pemex, CFE y Nacional Financiera solicitaron que se excluyera la retroactividad de la reforma, porque es inconstitucional y los afecta, los diputados de mayoría ignoraron la petición.
Sin embargo, la diputada Lilia Aguilar (PT) anunció que su bancada presentará una reserva al pleno para que se modifique el artículo que establece que la reforma constitucional sea retroactiva.
“Desde el PT presentaremos el día de mañana, una reserva a nombre de la 4t, para hacer la excepción de todos aquellos que, vamos a decir, de manera legal están jubilados y que no se aplique retroactividad en estos casos”, dijo.
La reforma excluye las pensiones de los integrantes de las Fuerzas Armadas; las pensiones que otorga el gobierno federal a los adultos mayores y las personas con discapacidad.
Así como las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales; y las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindícales en los sistemas de ahorro complementarios.
Durante la discusión del dictamen, Rosa Galaz Dávila, representante de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, señaló que la reforma presidencial viola el principio de retroactividad y certeza jurídica.
“Nuestras jubilaciones son legales, transparentes y auditables, se sustentan en un marco normativo pactado con el Estado mexicano, generando derechos adquiridos que forman parte de nuestro patrimonio legítimo. El artículo 14 constitucional prohíbe estrictamente la aplicación retroactiva de la ley, en perjuicio de persona alguna”, dijo.
Por su parte, Rosa María Rodríguez Luna, de la asociación de jubilados de confianza de Pemex, expresó que ella y sus compañeros se sienten defraudados porque les quitarán derechos adquiridos.
“En Petróleo Mexicanos no tenemos pensiones de un millón de pesos, en Petróleos Mexicanos nadie gana más de 300 mil pesos, de 300 mil pesos para abajo, y esta iniciativa va a afectar a miles de compañeros, hasta del estrato número 7”, dijo.
En su turno, Lázaro Jiménez, de jubilados de Nacional Financiera, solicitó a los legisladores reflexionar la reforma, porque afectará a alrededor de 200 personas.
Lee también "Plan B" electoral avanza en Comisiones del Senado; Morena y Partido Verde lo avalan sin respaldo del PT
“Quiero platicarles que en el caso de Nacional Financiera, la pensión más alta, de acuerdo a la lista que fue publicada hace unos días, está alrededor de 213 mil pesos al mes, y de ahí se cae a pensiones de 170, 160, 130 y hacia abajo, entonces, en realidad no son pensiones tan grandes”, manifestó.
También se manifestó en contra Adán Oviedo, de jubilados de Pemex, quien señaló que la cancelación del aeropuerto de Texcoco o los montos que están pendientes por aclarar a la ASF, del sexenio de López Obrador, es superior a lo que pretenden ahorrar con la reforma.
“Consideramos que es una medida confiscatoria de nuestro patrimonio, que afecta nuestra trayectoria y nuestra condición de vida. También quiero contrastar unas cifras, si sumamos los 5 mil millones de pesos al año que se va a ahorrar el presupuesto federal con esta reducción de las pensiones, quiero contrastarlo con la suma de la cancelación del aeropuerto, el huachicol fiscal, el último año de ejercicio de la pasada administración federal, que hay cuentas por aclarar la Auditoría Superior de la Federación, esa suma 2 millones de 2 millones de pesos, que contrastado con los 5 mil millones de pesos al año que se pretende ahorrar, representaría que esa cifra por aclarar alcanza para pagar 400 años de nuestras pensiones”, afirmó.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]