El arresto de familias mexicanas que buscaron internarse ilegalmente en Estados Unidos registró un aumento de 430.9% en 2023, con respecto a 2021, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con especialistas consultados por EL UNIVERSAL, el repunte migratorio de familias de connacionales aprehendidas al intentar pisar suelo estadounidense está relacionado principalmente con la violencia que ha desatado el crimen organizado en gran parte del territorio nacional.
“De 2018 para acá cambió el perfil de los mexicanos que buscan ingresar ilegalmente a la Unión Americana. Se ve en las cifras y como organizaciones vemos esto en labor de campo y el principal motivo es la violencia homicida. Me ha tocado reunirme con familias de Tierra Caliente, en Michoacán, de Zacatecas, de Guerrero, de donde salen huyendo por los índices de violencia”, dice la coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón.
Comenta que en la mayoría de los casos a estas personas ya les mataron a un pariente o han sido amenazadas, por lo que escapan dejando atrás todas sus pertenencias.
“El tema de la seguridad de las familias es más común en la migración, lo vemos mucho en estas caravanas. Estas poblaciones están en el limbo porque son atendidas en albergues de la sociedad civil, pero el gobierno que debiera también responder a este tema, no lo ha hecho. Entonces, sí hay ya un tema de cambio desde hace tiempo porque dejó de ser solamente de hombres y mujeres solas que intentaban cruzar la frontera norte”, agrega.
El reporte de la agencia estadounidense destaca que mientras en el año fiscal 2021, que inicia el 1 de octubre y se extiende al 30 de septiembre del año siguiente, las aprehensiones de familias mexicanas sumaron 30 mil 161. Para 2023 esa cifra se disparó a 160 mil 136.
Tan sólo en lo que va del año fiscal 2024, las detenciones de este tipo suman 126 mil 582.
David Saucedo, especialista en temas de seguridad, expone que la escalada de violencia e inseguridad alimentada por la actividad de los cárteles en gran parte de México ha llevado a las personas a abandonar sus hogares en busca de seguridad y estabilidad.
“Las terribles circunstancias en algunas regiones han empujado a las familias a tomar la difícil decisión de cruzar la frontera en busca de mayor seguridad”, destaca.
Precisa que estas migraciones se dan en estados de alta violencia homicida, como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Sonora, Colima, Guerrero y Chiapas.
Explica que las familias que intentan llegar ilegalmente a suelo estadounidense son principalmente de bajo nivel socioeconómico.
“Quienes migran son de ingresos bajos. Son segmentos de la población que enfrentan muchas carencias, que encima de su situación socioeconómica compleja, de falta de oportunidades educativas, laborales, de acceso a la justicia, y encima de todo eso tienen que padecer las presiones de grupos criminales. Esta es una de las facetas más atroces de la guerra entre cárteles en México”, refiere.
En julio de 2019, en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que llegaría un día durante su administración en que los mexicanos no se verían obligados a migrar hacia la Unión Americana porque en México tendrían trabajo y seguridad.
“La gente no emigra por gusto, lo hace por necesidad. Yo tengo un sueño que quiero convertir en realidad. Va a llegar un día durante mi gobierno que no van a ir mexicanos a trabajar a Estados Unidos, porque el mexicano a va a tener trabajo y va a ser feliz en donde nació”, afirmó en aquel momento.
En ese entonces, López Obrador, quien terminará su sexenio el próximo 1 de octubre, estaba convencido de que atendiendo las causas que originan la inseguridad y violencia se evitaría que más mexicanos migraran hacia EU.
Al respecto, Saucedo señala que de cinco años a la fecha existe un fenómeno que llama “los desplazados del narco”, que no es otra cosa que la migración de familias que se da justamente porque hay muchos estados y municipios del país en los que existen extorsión, homicidios, violaciones, cobros por derecho de piso y violencia.
“En ocasiones, se da el delito de despojo. Es decir, los grupos criminales se apoderan de ranchos, tiendas, comercios, viviendas, terrenos, por lo que sus propietarios tienen que migrar o hay veces en que no son despojados pero se ven obligados a desplazarse porque los grupos criminales no dan tregua ni cuartel”, detalla.
Resalta que elementos de los grupos criminales ya no sólo atacan a integrantes de bandas rivales, sino también a sus familias.
“Van a los velorios y masacran a los deudos. Este es uno de los factores que está provocando el desplazamiento de familias completas que no se sienten seguras y deciden abandonar sus lugares de origen por amenazas reales de células rivales del narco o bien por el despojo del que son objeto por estos grupos de macrocriminalidad”, expone.
Dice Saucedo que el gobierno federal ha centrado su atención en la migración que se origina por razones económicas, “pero esa migración tiene una característica: genera remesas. Pero no es el caso de las familias desplazadas del narco. De plano se repliegan cuando huyen del país y no mandan recursos”.
Michael Chamberlin, exintegrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y presidente de Consultora Solidaria, S.C. destaca que la migración de familias enteras hacia el vecino país es producto de la estrategia gubernamental de abrazos, no balazos.
“Y no sólo es eso. Este gobierno piensa erróneamente que con programas sociales es como disminuirá la violencia. Y el Presidente se queda en el discurso de ‘no es mi gobierno el que genera la violencia’, pero no ve su obligación de generar condiciones distintas de convivencia y de paz. Y esa omisión es la que precisamente está generando esta situación”, considera.
Prevé que cada vez habrá más lugares en los que no sea posible tener una vida acorde al Estado de derecho. “Se van a ir cerrando los espacios, desafortunadamente, por lo que seguramente aumentará terriblemente el número de familias que huyan de la violencia criminal”.