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El Estado mexicano reconoció que persiste un fenómeno “doloroso” de desigualdad y discriminación hacia la mujer, “anclado a una cultura machista y patriarcal”.
Ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) aseguró que en el país faltan registros precisos de incidencia de violencia contra las mujeres y robustecer las acciones integrales de prevención.
“Quizá el desafío más doloroso, que no es exclusivo de México, se refiere a la persistencia de las desigualdades de género y a su arraigo en nuestra sociedad. Se trata de un fenómeno multidimensional anclado a una cultura machista y patriarcal, reforzada con otras múltiples e interseccionales de discriminación, como la pertenencia a clase social determinada, el origen étnico, la condición etaria, el estatus migratorio, la orientación sexual y la identidad de género, entre otros”, indicaron las autoridades mexicanas.
En el Noveno Informe de México que se presentó ante el Comité CEDAW, al cual EL UNIVERSAL tuvo acceso, las autoridades mexicanas mencionaron que los principales retos están relacionados con la situación de vulnerabilidad y violencia que enfrentan las mujeres, así como la falta de inclusión en el mercado laboral.
En el documento de 15 cuartillas que entregó Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, se menciona que “en cuanto a la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, el Estado reconoce la necesidad de contar con registros precisos que permitan identificar claramente la incidencia de los delitos cometidos contra las mujeres, así como conocer cuántas denuncias terminan en sentencia”.
Como parte de ese proceso también se señala la importancia de aumentar la capacitación del personal que realiza las indagatorias de ese tipo de crímenes, así como a los jueces encargados de dar seguimiento a los casos, con el objetivo de que las afectadas tengan acceso a la justicia.
El Estado aceptó que aunque “cuenta con un importante marco jurídico y programático que promueve y garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se reconoce la existencia de una brecha entre este marco normativo y la efectividad del ejercicio de este derecho”, por lo que se necesitan robustecer las acciones de prevención y fortalecer los mecanismos de atención en los Centros de Justicia para las Mujeres.
Dijo que también se debe trabajar en consolidar los procesos de reparación del daño a las mujeres que han sufrido algún tipo de agravio.
Otro de los desafíos que persiste es respecto al empleo, porque la tasa de participación económica de las mujeres se ha mantenido en 43% durante varios años, lo que muestra que no se ha logrado la plena inclusión.
Tras el reciente proceso electoral, los representantes del Estado mexicano manifestaron que hay avances de género en materia democrática, porque hubo un registro “histórico” de 41 mil 874 candidatas, que equivale a 50.38% de los aspirantes. Paridad que también se puede ver en el Senado, donde habrá 49.2% de mujeres y en la Cámara de Diputados, que tendrá 48.6%.