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La senadora del PAN, Lilly Téllez, presentó un punto de acuerdo para que se exhorte con firmeza al senador Enrique Inzunza Cázarez a solicitar licencia como integrante de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión y separarse de sus funciones parlamentarias, a fin de que se ponga a disposición de las autoridades competentes.
Ello para enfrentar las acusaciones en su contra por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, facción Los Chapitos, en estricto apego a los principios constitucionales de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
En la Gaceta Parlamentaria se publicó el punto de acuerdo donde exhorta a Inzunza, quien asistió a la sesión ordinaria de este lunes, a ponerse a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y de todas las autoridades competentes del Estado mexicano.
El documento dice que es con el fin de enfrentar, con plena transparencia y responsabilidad, las acusaciones formales presentadas en su contra ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, relativas a narcotráfico, conspiración con el Cártel de Sinaloa y delitos relacionados con armas de fuego.
Recordó que la Fiscalía General de la República ha recibido la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por el Gobierno de los Estados Unidos respecto de los acusados, incluyendo al senador lnzunza Cázarez, y ha señalado que analizará las pruebas remitidas para determinar la procedencia legal de las mismas.
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“La permanencia del senador en funciones, con fuero constitucional vigente, no puede interferir ni condicionar dicha investigación”, argumentó la panista.
“La permanencia en el cargo del senador lnzunza Cázarez compromete seriamente la legitimidad de la Cámara de Senadores, la cual tiene la obligación constitucional de ser ejemplo de probidad y transparencia ante la ciudadanía”.
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La gravedad de los delitos imputados como narcotráfico, conspiración con organizaciones terroristas designadas como tales por el Gobierno de los Estados Unidos, y posesión de armamento de uso exclusivo excede con mucho el umbral que tolera la decencia republicana, se concluye en el exhorto.
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