Colectivos de familiares de personas desaparecidas y madres buscadoras independientes rechazaron el informe que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina de ayer, donde aseguró que el gobierno federal solo cuenta con datos suficientes de 43 mil 128 personas y realizar su búsqueda, aún cuando se contabilizan más de 132 mil desapariciones en México.
“Manifestamos nuestra total indignación. No somos 43 mil, nos faltan más de 133 mil, más la cifra negra. El gobierno insiste en posicionar la cifra de 43 mil 128 personas, como el nuevo número de personas desaparecidas, controlando los más de 132 mil registros que el propio Estado ha reconocido. Reducir la crisis a una tercera parte de su tamaño real, no es un avance, por el contrario, es un retroceso, y todavía más: es una segunda desaparición”, acusaron.
Durante la colocación del Muro de la Memoria para la Verdad y la Justicia en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP) en la Ciudad de México, activistas y madres se pronunciaron ante la reinterpretación de cifras por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y la Base Nacional de Carpetas de Investigación.

“No aceptamos las cifras de escritorio, este informe es en realidad un intento de rasurar el valor de personas desaparecidas y minimizar la tragedia humanitaria que vivimos. (…) Señala que la mayoría de las desapariciones son ausencias voluntarias, la realidad es muy distinta, y nosotros lo vivimos en carne propia”, expresaron.
Buscadoras reprocharon que el gobierno pretende solo tomar en cuenta aquellos registros que tienen carpetas de investigación, sin embargo, muchas veces las familias no presentan denuncias por el miedo y la desconfianza que les provocan las instituciones y autoridades estatales.
“El propio informe reconoce que solo existen 3 mil 869 carpetas de investigación abiertas, lo que evidencia más que ninguna otra cifra los obstáculos reales que enfrentamos para denunciar. Y hay algo aún más grave, frente a los más de 46 mil registros con datos insuficientes, el gobierno no anuncia ninguna acción para subsanarles ni para activar búsquedas”, acusó la madre buscadora Jacqueline Palmeros.
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Señaló que las deficiencias del registro no son culpa de los familiares, sino responsabilidad de las autoridades, que desde la creación del Registro Nacional debieron llenar la información de manera adecuada y actuar de inmediato. Además, dijo que la existencia de un expediente no garantiza el seguimiento para encontrar a sus seres queridos.
Daniela González Ramos, quien busca a su hijito Axel Daniel González Ramos, también rechazó el mensaje oficial que afirma que el 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de un delito: “Sin transparencia en los datos está la afirmación, solo sirve para alimentar el estigma de que nuestros seres queridos se fueron porque quisieron”.
Señaló que en los últimos gobiernos las acciones en torno a las desapariciones se han enfocado en revisar registros y corregir cifras. Sin que sus seres queridos sean encontrados, sin que puedan volver a verlos. Expresó que los colectivos no quieren más conteos, sino que busquen investiguen y sancionen a los responsables.
Sobre las cifras, exigieron una metodología abierta, pública, que explique paso a paso cómo llegaron a cada uno de los datos, cómo se subsanarán los errores y que expliquen porqué solo hay 3 mil carpetas de investigación. Asimismo, pidieron la búsqueda efectiva para todas las personas y que no se deje de buscar a ninguna persona desaparecida por no tener una carpeta de investigación abierta.
Así como participación real en mesas de trabajo, técnicas permanentes con las familias de personas desaparecidas para informales de manera previa cada una de las decisiones y acciones que se toman en temas de este nivel de relevancia y no reuniones organizadas a último minuto.
“¡Familias buscando! ¡El Estado está fallando!, ¡Familias buscando!, ¡El Estado está fallando!”, expresaron decenas de activistas.
Por último, la madre de Montserrat Uribe Palmeros, Jacqueline Palmeros, acusó que el gobierno federal presentó el informe un día antes de la inauguración del Estadio Banorte, el cual albergará la Copa Mundial de Fútbol y el primer partido amistoso entre Portugal y México este sábado 28 de marzo.
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“Les importa más la inauguración de un pinche estadio que los más de 133 mil personas desaparecidas. Son unos mañosos porque los medios de comunicación ahora están allá empecinados para ver la inauguración de un estadio mientras aquí estamos las familias dolientes porque se llevaron un hijo, una hija, un esposo, un hermano, una hermana”, declaró.
Por varias horas, madres y padres colocaron fichas de búsqueda de sus hijitos e hijitas desaparecidas y expresaron:
“No somos uno, no somos 10, pinche gobierno, cuéntanos bien!, ¡Pinche gobierno, cuéntanos bien!, ¡No, no, no es un hecho aislado! ¡Las desapariciones son crimen del Estado!”.
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