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En medio del debate nacional sobre si las y los menores de edad que cometen delitos graves deben ser juzgados como personas adultas, la Universidad Iberoamericana advirtió que esa ruta no solo es ineficaz, sino injusta, y planteó que la discusión debe centrarse en transformar de fondo el sistema de justicia para adaptarlo a las infancias, en lugar de endurecer castigos.
La discusión se reactivó tras el caso de un adolescente en Michoacán acusado de asesinar a dos maestras, lo que llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a llamar a un debate público sobre la pertinencia de juzgar a menores homicidas como mayores de edad.
Frente a este escenario, la Ibero retomó una propuesta desarrollada en 2024 por su Departamento de Derecho, en el marco de la iniciativa IBEROPropone, que plantea un cambio estructural: construir un modelo de justicia adaptado a niñas, niños y adolescentes, reconociéndolos como personas en desarrollo y sujetos plenos de derechos.
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El planteamiento parte de que las infancias tienen procesos emocionales, cognitivos y físicos distintos a los de una persona adulta, por lo que juzgarlas bajo los mismos criterios de responsabilidad penal resulta no solo desproporcionado, sino contrario a los principios de justicia.
Desde esta perspectiva, la universidad propone modificar los procedimientos judiciales para que las y los menores puedan participar activamente en ellos en condiciones acordes a su etapa de desarrollo, lo que implicaría ajustes estructurales en todos los tribunales del país.
Un referente de este modelo es la metodología SAPCOV, aplicada desde 2019 en el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua con acompañamiento de UNICEF y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que ha comenzado a replicarse en otras entidades.
La propuesta también incluye invertir en infraestructura adecuada —espacios diseñados específicamente para la atención de menores—, así como incorporar personal especializado y capacitado no solo en derecho, sino en salud física y mental infantil, para garantizar procesos integrales y respetuosos.
Además, subraya que este enfoque no se limita a quienes cometen delitos, sino también a niñas, niños y adolescentes que participan como víctimas o testigos, con el fin de evitar su revictimización dentro del sistema judicial.
Otro de los puntos clave es considerar las realidades locales de cada estado, de modo que la adaptación del sistema sea flexible y contextualizada, sin perder de vista los estándares más altos de protección de derechos humanos. Ignorar estas diferencias, advierte la Ibero, equivale a ejercer una forma de “crueldad sistemática”.
Lejos de apostar únicamente por el endurecimiento de sanciones, la institución sostiene que una transformación profunda del sistema de justicia permitiría no solo atender mejor a las infancias, sino también construir sociedades más seguras a largo plazo.
La propuesta forma parte de IBEROPropone, una iniciativa que busca articular el conocimiento académico con los principales desafíos públicos del país, a partir del diálogo entre la comunidad universitaria y actores políticos.
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