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Javier Duarte de Ochoa, quien gobernó Veracruz entre 2010 y hasta el 2016, formaba parte de los nombres que buscaban refrescar la fila de priistas en aquel tiempo, sin embargo, ha pasado más de nueve años de prisión en el Reclusorio Norte por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Ahora pesa en él una nueva vinculación a proceso por el delito de peculado.
Previo a este nuevo delito, el caso del exgobernador, cuya administración marcó uno de los casos de corrupción más grandes del expresidente Enrique Peña Nieto, se sumergió en escandalo por la libertad anticipada que no le otorgaron pese a cumplir más del 95% de su sentencia.
De acuerdo a la defensa del político y luego de estar en prisión más de 3 mil días, de los 3 mil 285 de su castigo, el exgobernador no quedó en libertad anticipada. tal como lo había buscado desde finales del 2025.
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Su defensa alegó la buena conducta del expriista en el centro penitenciario, así como la anulación o cargos sin efecto de otros procesos penales que enfrentó en el fuero federal y común, sin embargo, no le fue otorgada la libertad anticipada. A continuación, estas son los señalamientos que pesan en el exgobernador:
Javier Duarte, lejos de su libertad por el delito de peculado
El exgobernador enfrenta un nuevo proceso por el delito de peculado relacionado con el presunto desvío de 5 millones de pesos de un fondo para personas vulnerables en 2012. Este delito alcanza una pena de dos y hasta 14 años de prisión.
En 2013 había sido anulado el proceso penal por dicho delito iniciado por la Fiscalía de Veracruz.
De acuerdo con la FGR, Duarte de Ochoa habría ordenado la mezcla de recursos federales y estatales para después distribuirlos en cuentas bancarias con el fin de perderles el rastro y desviarlos, mediante un esquema conocido como la "licuadora", para el pago de sueldos, pensiones y proveedores.
En la audiencia de este martes, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor le ratificó la prisión preventiva justificada e impuso a la FGR 6 meses para la investigación complementaria.
Duarte de Ochoa, culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero
El político veracruzano fue denunciado en 2016 por Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a la gubernatura de Veracruz. La denuncia ocurrió poco antes de que Duarte terminara su mandato y fue acusado por delitos de presunto lavado de dinero y evasión fiscal.
En octubre de 2016, dos semanas antes de terminar su administración, el priista solicitó licencia al cargo y huyó del país a bordo de un helicóptero propiedad del estado veracruzano.
En noviembre de 2016, la Interpol emitió ficha roja para localizarlo en más de 190 países. Estuvo prófugo por más de cinco meses y fue detenido el 15 de abril de 2017 en un hotel de lujo ubicado en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá, en Guatemala. Después fue extraditado a México, donde enfrentó un largo proceso penal.
Fue hasta 2018 que Duarte se declaró culpable de haber cometido asociación delictuosa y lavado de dinero, razón por la cual se le impuso una condena de 9 años de prisión y el pago de poco más de 58 mil pesos de multa.
Además, se le suspendieron sus derechos políticos y civiles por el tiempo que permaneciera en prisión y el juez ordenó el decomisó de 22 parcelas, seis inmuebles en CDMX, un terreno en el Estado de México, tres departamentos en Boca del Río, Veracruz, cuatro más en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, y seis terrenos en Cancún, Quintana Roo.
Cabe mencionar que de los nueve años de prisión que indica su sentencia, se le descontó el tiempo que permaneció privado de su libertad desde que fue detenido el 15 de abril del 2017.
En la investigación se encontró que el expriista desvió del erario público a través de empresas fantasma operadas por una red de prestanombres. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Duarte de Ochoa hizo mal uso de más de 35 mil millones de pesos durante su administración, lo que lo convirtió en el político con más irregularidades detectadas desde que se creó la ASF en el 2000.
Desaparición forzada y tráfico de influencias, las otras acusaciones de Javier Duarte
El político veracruzano enfrentó otras acusaciones por los delitos de tráfico de influencias, desaparición forzada y delitos electorales, sin embargo, cada uno de ellos quedaron sin efecto o fue absuelto, por lo que no se halló culpable ni sentenciado a más años de prisión.
En 2019, un juez de control dejó sin efectos la vinculación a proceso por tráfico de influencias, delito que la fiscalía de Veracruz le imputó por usar un helicóptero oficial para darse a la fuga en 2016.
Por el delito de desaparición forzada, Duarte fue acusado en 2022 por un caso cometido contra un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, identificado con las iniciales D.L.C. Sin embargo, fue en noviembre del 2024 cuando un juez absolvió al exgobernador de esta acusación.
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Javier Duarte, libre de delitos electorales tras su extradición a México
En el fuero federal, el priista tenía una orden de aprehensión pendiente por un delito electoral, por presuntamente haber obstaculizado las labores públicas de los funcionarios electorales del Organismo Público local Electoral de Veracruz, al negar los recursos económicos necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones electorales en la entidad.
Pese a las acusaciones, la orden de aprehensión emitida en 2017 nunca le fue ejecutada porque el señalamiento no quedó establecido en la orden de extradición acordada entre México y Guatemala, ya que este delito tampoco existe en dicho país.
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