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La inteligencia penitenciaria, que se utiliza en prácticamente todo el mundo, en México podría permitir bajar en 60% los delitos de alto impacto, pero es menospreciada y desdeñada a pesar de la crisis de violencia, inseguridad, desaparecidos e impunidad.
Ya existen políticas o protocolos para interrogar a los presos sobre dónde y cómo cometieron sus ilícitos y dónde están enterradas sus víctimas, pero ni siquiera hay estrategias o tecnologías para inhibir la comisión de delitos como secuestro y homicidios que se planean, operan y ordenan desde el interior de las cárceles, aseveró la especialista y presidenta de Reinserta y experta en temas de justicia Saskia Niño de Rivera, quien lamentó que en México “exista cero trabajo de inteligencia penitenciaria y muchísimas víctimas buscando a sus familiares”, cuando en ocasiones los propios presos, sentenciados, están dispuestos a informar de los delitos que cometieron, dónde están las víctimas y quiénes eran.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la inteligencia penitenciaria ofrece información importante para su utilización dentro de los establecimientos penitenciarios, a fin de prevenir fugas y mantener el orden y control.
En entrevista con EL UNIVERSAL, indicó que desafortunadamente en México en el sistema de justicia y en el sistema penal no hay interés en la inteligencia penitenciaria, que permitiría bajar los índices de violencia y criminalidad, porque un gran porcentaje de los delitos se organizan y ordenan desde las cárceles, sumado a que se prefiere no utilizar la información que tienen muchos presos para aclarar homicidios, desapariciones y ubicación de fosas clandestinas.
Subrayó que la inteligencia penitenciaria se puede aplicar en los penales que tienen absoluta gobernabilidad y es una manera de combatir la delincuencia, entendiendo que “60% de lo que pasa en las calles en materia de delitos, de criminalidad, se organiza, se opera desde las cárceles”.
Puso como ejemplo el Penal de Topo Chico, en Nuevo León, donde “manufacturaban drogas, había prostitución, cobro de piso, se organizaban secuestros y cada semana les representaba ganancias a los presos por un millón de pesos.
“Cuando se cierra Topo Chico en 2019 hay una disminución de 54% en los delitos de alto impacto en Nuevo León”, aseguró.
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