La actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el caso de Rubén Rocha Moya era previsible y es jurídicamente sustentable. Frente a una solicitud de detención con fines de extradición promovida en días recientes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, una investigación abierta en la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos criminales y actos de corrupción que alcanza al gobernador con licencia de Sinaloa y a nueve funcionarios y exfuncionarios de su entorno, y los convenios de cooperación e intercambio de información financiera que México mantiene con agencias estadounidenses, la inacción habría resultado más cuestionable que la medida precautoria.
La UIF actuó dentro de sus atribuciones legales, como lo permite el marco normativo cuando existen indicios suficientes para prevenir movimientos de recursos potencialmente vinculados con actividades ilícitas.
El punto central, sin embargo, no es sólo Rocha Moya. Lo que comienza a delinearse es el regreso de una UIF con iniciativa operativa, con peso dentro del aparato de seguridad y con capacidad para intervenir en expedientes de políticos. Durante casi cuatro años en los que estuvo al frente Pablo Gómez, la institución perdió protagonismo y dejó de desempeñar el papel que le corresponde en el combate al lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento de organizaciones criminales. La UIF pasó de ser un actor central en investigaciones de alto impacto a una oficina con presencia marginal, sin la fuerza institucional que exige el momento que vive el país en materia de seguridad y control financiero.
Eso no significa que cualquier etapa anterior haya sido mejor. Con Santiago Nieto, la UIF sí tuvo visibilidad, pero buena parte de esa exposición respondió a una lógica política. El organismo se convirtió en una herramienta de presión, muy mediática, y en plataforma personal para un funcionario que construyó notoriedad pública desde ese cargo y que hoy busca convertirse en candidato de Morena al gobierno de Querétaro.
La diferencia con el momento actual parece ser de método y de objetivos. Omar Reyes Colmenares no tiene ese perfil. Es un operador más técnico, más discreto y mucho más alineado a la estructura del gabinete de seguridad. Su cercanía con Omar García Harfuch lo confirma. La UIF volvió a insertarse en una estrategia integral donde la inteligencia financiera es una pieza clave para seguir la ruta del dinero de estructuras criminales.
El expediente de Rocha Moya encaja con precisión en ese nuevo esquema. Los convenios de colaboración firmados con agencias estadounidenses, incluidos mecanismos de intercambio de inteligencia financiera, obligan a una reacción institucional cuando del otro lado de la frontera se activan investigaciones o solicitudes formales sobre personajes de alto perfil.
A eso se suma el precedente reciente del FinCEN, la oficina del Departamento del Tesoro encargada de combatir delitos financieros, que señaló a tres instituciones financieras mexicanas por presuntas operaciones de lavado de dinero y financiamiento ilícito. Ese episodio golpeó reputacionalmente al sistema financiero mexicano y elevó la presión sobre Hacienda, la CNBV y la propia UIF para demostrar capacidad de reacción. Después de ese mensaje de Washington, mantener inmóvil a la unidad encargada de rastrear recursos de origen sospechoso habría sido políticamente insostenible y técnicamente injustificable.
El caso Rocha tiene además una dimensión política interna de gran calado. Durante años, gobernadores, exgobernadores, alcaldes y operadores partidistas investigados encontraron en el argumento de la persecución política una defensa eficaz, particularmente cuando las acciones del gobierno federal parecían dirigirse de manera selectiva contra opositores. Ese discurso pierde fuerza si la UIF comienza a actuar también contra actores políticos de distintos partidos, incluidos mandatarios estatales que no pertenecen a Morena.
Y eso es precisamente lo que, según fuentes del gabinete de seguridad, está ocurriendo. La UIF tiene bajo análisis expedientes relacionados con otros gobernadores y con al menos un presidente municipal del norte del país. Algunos pertenecen a fuerzas opositoras. La lógica, aseguran, es equilibrar la balanza y desmontar de antemano la narrativa de selectividad política.
Posdata 1
De gira por Yucatán, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura sobre el caso Rubén Rocha Moya en el momento de mayor presión política para Morena. “Nadie deshonesto puede esconderse bajo el halo de la transformación”, lanzó, mientras en Estados Unidos se entregaron Gerardo Mérida y Enrique Díaz, excolaboradores del círculo cercano del gobernador con licencia de Sinaloa para convertirse en testigos colaboradores del caso.
El mensaje de Sheinbaum pareció abrir la puerta a un deslinde político, aunque fue acompañado de una defensa de la soberanía mexicana frente a la presión de Estados Unidos.
Si bien Sheinbaum envió una señal hacia dentro de Morena sobre la imposibilidad de proteger a perfiles cuestionados, también optó por encuadrar el episodio como una disputa con un gobierno extranjero que no le arrebatará la transformación a México. El caso Rocha dejó de ser un problema estatal o partidista desde que autoridades estadounidenses entraron a escena.
La presidenta parece querer marcar una diferencia con la lógica del sexenio anterior, donde la defensa política de personajes impugnados fue una constante, pero todavía sin una ruptura clara. Si la frase sobre los deshonestos fue un mensaje real de depuración, el siguiente paso tendría que ser aprehender a Rocha Moya y vincularlo a proceso.
Posdata 2
Mientras el SNTE aprovechó el Día del Maestro para reiterar su ruta conocida de negociación institucional, con llamados a consolidar la justicia laboral y mejorar el sistema de pensiones, la CNTE decidió escalar el conflicto y poner fecha a un paro nacional indefinido a partir del 1 de junio en al menos 10 estados. El contraste no puede ser más claro. Un sindicato que acompaña, presiona dentro de los cauces del poder y capitaliza la interlocución política; y otro que vuelve a su herramienta histórica de mayor presión: la parálisis educativa y el conflicto en las calles.
Lo interesante es que, en el fondo, ambos reclaman casi lo mismo. El deterioro de las pensiones magisteriales, la insuficiencia salarial y la precarización de la carrera docente. La diferencia está en la forma, pero también en la cercanía con el gobierno. Alfonso Cepeda y el SNTE han optado por una relación de colaboración con la administración de Claudia Sheinbaum, una estrategia que les permitió acompañar el anuncio del aumento salarial de 9%. La CNTE, en cambio, considera insuficiente cualquier ajuste que no toque de raíz la Ley del ISSSTE de 2007 y amenaza incluso con contaminar políticamente el Mundial.
El secretario de Educación, Mario Delgado, tiene enfrente un conflicto que no se resolverá con anuncios ceremoniales ni incrementos parciales. La CNTE ya anunció que va por la confrontación.
Posdata 3
Los cambios en el Infonavit para otorgar créditos hipotecarios confirman un viraje en la política de vivienda del gobierno federal. El nuevo modelo de originación deja atrás el viejo esquema de puntos y pone el foco en el historial financiero, la capacidad de pago y el nivel de endeudamiento de los trabajadores. En los hechos, el acceso al crédito se flexibiliza para algunos perfiles, como jóvenes con menor antigüedad laboral, pero se endurece para quienes arrastran problemas con el Buró de Crédito o destinan una proporción excesiva de sus ingresos al pago de deudas.
La apuesta tiene una lógica financiera y también política. El Infonavit de Octavio Romero busca corregir el legado de créditos impagables que marcaron al instituto durante años, mientras el gobierno impulsa su programa de vivienda social como una de sus banderas de “bienestar”. El problema es que el endurecimiento de filtros puede chocar con la narrativa oficial de inclusión financiera. No son pocos los trabajadores formales que, aun con empleo estable, operan con tarjetas, créditos personales o financiamientos que los dejarían fuera bajo los nuevos criterios.
Revisar la capacidad real de pago es razonable, pero hacerlo en un entorno de inflación persistente y menor dinamismo económico abre otra discusión. Porque facilitar el acceso en el discurso y restringirlo en la evaluación crediticia puede terminar siendo una contradicción costosa para el propio gobierno.
@MarioMal