La política, como cualquier otra actividad humana, es comparable a una cuenta de banco. Se debe ingresar dinero para poder gastarlo y mantener un equilibrio razonable para no entrar en quiebra. Las calificadoras te advierten cuando tu perspectiva es positiva o negativa, es decir, cuando estás gastando más de lo que ingresas. En política la moneda de curso legal es el capital político. Este puede medirse con la evaluación que hacen los ciudadanos del desempeño gubernamental y la credibilidad del gobierno.
Tiene uno derecho a pelearse con la realidad, si así lo desea, pero los números son los que son. La presidenta tiene mucho caudal, sus niveles de popularidad siguen siendo altos y el 60% (Encuesta de Lorena Becerra) aprueba su trabajo. Además, ha aportado pequeños depósitos en su cuenta, como recibir a Bono y a los coreanos, que parecen cosas menores, pero en una población predispuesta ese tipo de gestos cuenta. Ha hablado con Trump y se ha quitado alguna presión y por esa vía ha ganado unos días para patinar hacia adelante el tema de las extradiciones.
La presidenta ha decidido no confrontar a Trump o la administración americana salvo de forma oblicua y despliega una argumentación que me recuerda a algunos de mis parientes en las mesas familiares: cuando su argumento no progresa, te sacan otro diferente. Según la encuesta reciente de Lorena Becerra el 60% de los encuestados cree que el de Rocha es un caso real de vínculos con el narco. Solo el 30% cree que la presidenta dice la verdad en este caso, un 27% que a veces, un 21% que pocas veces y un 16% dice que nunca.
Estas cifras implican más cheques girados a cuenta de su credibilidad para seguir difiriendo la solución del expediente Sinaloa. La semana anterior decidió literalmente sacar de quicio el debate y llevarnos a una esquina en donde los argumentos se diluyen en favor de una especie de verdad oficial. La presidenta insiste en que ha habido una reducción del 40% de los homicidios y eso no se dice en los medios. No es verdad. Varios periódicos abrieron sus ediciones con la noticia y fue ampliamente discutida. Pero eso no tiene nada que ver con allanarse a la petición de extradición. Implicar que la reducción de homicidios significa que ya no hay pacto entre los políticos y los criminales es un salto lógico, muy difícil de sostener. En muchas entidades controladas por el crimen organizado, se ha demostrado a lo largo de la historia, la violencia se reduce notablemente.
Por otro lado, insiste en la falacia de que si no hay carpeta de investigación no hay entonces delito que perseguir. Eso nos lleva a un callejón sin salida. La presidenta pide pruebas y los periodistas se cansan de referir los reportajes de la prensa sinaloense y los trabajos de Héctor de Mauleón. Ignorar todo esto y tratar de ampararse en la reducción de homicidios (verdadera y certificable) para no extraditar a Rocha Moya, es un gesto claro de gastar capital político para proteger a su partido. ¿Cuánto más podrá gastar del enorme capital político, sin que esto empiece a ubicarla en una perspectiva negativa? El asunto tiene interés, pero es claro hoy que la presidenta está gastando más de lo que ingresa a su cuenta. La economía no despega. Los últimos datos del consumo no son alentadores y las empresas paraestatales siguen siendo peso muerto, aunque tengan nuevos directores.
Analista. @leonardocurzio