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La Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) determinó que Grupo Xcaret, empresa que opera el parque acuático y temático en la Riviera Maya, debe retirar de sus espacios de publicidad cualquier elemento alusivo al patrimonio cultural maya.
Por mayoría de siete votos contra dos, el pleno revocó la suspensión definitiva que un juez en materia Administrativa concedió a dicha empresa y que le permitía continuar empleando imágenes y símbolos mayas en su promocionales con el fin de atraer turistas.
El caso deriva de 2022 cuando el Gran Consejo Maya de Quintana Roo pidió a Grupo Xcaret se abstuviera de usar imágenes y símbolos de los pueblos originarios del estado.
Durante el proceso, la empresa llegó a un acuerdo con miembros del Gran Concejo Maya que se desistieron, pero otros integrantes decidieron continuar con la solicitud con el apoyo del Instituto Nacional del Derecho de Auto (Indautor), el cual ordenó a Grupo Xcaret el retiro de elementos del patrimonio cultural maya de su publicidad.
Ante ello, la empresa presentó un juicio de amparo contra dicha orden que tocó conocer al Juzgado Décimo Sexto en Materia Administrativa de la Ciudad de México, mismo que le concedió la suspensión definitiva para efecto de que continuara usando las imágenes y símbolos en su publicidad.
Ante ello, esta empresa presentó un amparo que tocó conocer al Juzgado Décimo Sexto en Materia Administrativa de la Ciudad de México, mismo que le concedió la suspensión definitiva para efecto de que siguiera utilizando imágenes alusivas a la cultura maya en su publicidad.
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Pero, en octubre de 2025, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atrajo el amparo y lo turnó a la ministra María Estela Ríos González, quien propuso al pleno revocar la suspensión definitiva al considerar que el patrimonio de los pueblos indígenas es de orden público y de interés social frente al comercial.
“Todo patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas se entenderá reservado por el pueblo o comunidad que corresponda y estará prohibida su utilización y aprovechamiento salvo que estos otorguen su consentimiento libre, previo e informado y de conformidad con la ley de consulta de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, indicó Ríos González.
En contra de revocar la suspensión a la empresa votó la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien consideró que se deben equilibrar los derechos de los pueblos indígenas y el tema del interés de los inversionistas en el sector turístico.
“Creo que querer poner en tensión los fines lucrativos de los servicios turísticos y la titularidad de los bienes culturales constituye un falso debate y un ejemplo muy cercano al caso que nos ocupa”, indicó.
Y expuso: “Me parece que no debemos perder de vista que uno de los rubros en los que existe mayor interés del Estado mexicano es el atraer inversiones nacionales y extranjeras para generar la construcción y ocupación hotelera a través de un enfoque integral que promueve el bienestar social, la recuperación económica y la protección del entorno natural: la llamada industria sin chimeneas, la cual comprende esencialmente el alojamiento, transporte, gastronomía, entretenimiento entre muchos aspectos”.
“En mi opinión para lograr la derrama económica en la industria hotelera, tenga inclusión social, por ejemplo, a través de creación de empleos directos e indirectos, en esta empresa concretamente 65 mil empleos, es imprescindible la participación organizada de las comunidades adyacentes no sólo de la población indígena sino del resto de la sociedad a fin de que los nuevos desarrollos y los ya existentes respondan a las necesidades locales a través de acuerdos, evitando judicializar conflictos ya que quienes aprovechan los bienes culturales con fines lucrativos, debemos reconocer, también difunden la riqueza y valores de nuestros pueblos originarios”.
A lo anterior, la ministra Lenia Batres Guadarrama le respondió “que es una falsa disyuntiva la inversión extranjera o nacional en el turismo, la gastronomía, en cualquier ámbito, y el respeto y los derechos de los pueblos indígenas”.
En tanto, la ministra María Estela Ríos González reviró que “al margen de consideraciones políticas o económicas hay un cambio sustantivo en la protección del patrimonio cultural”.
A su vez, Aguilar Ortiz afirmó que nadie puede disponer del patrimonio de los pueblos indígenas sin su consentimiento.
dft
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