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Tras confirmarse la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva línea de investigación en este caso, que mantiene enfrentados al gobierno federal y al de la gobernadora de la entidad, Maru Campos.
Dicha institución anunció que revisará si la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua invadió la competencia federal, derivado del operativo para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas en la sierra de este estado, en el cual participaron agentes de la Agencia Estatal de Investigación y de la CIA, y si es que ha continuado infringiendo las atribuciones federales.
A través de una tarjeta informativa, la representación social aseguró que acabó satisfactoriamente el proceso de entrevistas ministeriales a agentes policiacos y funcionarios que participaron en el polémico operativo, salvo siete que no acudieron, pero que fueron citados con la intención de recabarles su testimonio en próximos días.
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Lo mismo se realizará, indicó, respecto de otros funcionarios estatales que se consideran pertinentes para las líneas de investigación que se desarrollan.
Indicó que el laboratorio asegurado se mantiene resguardado por fuerzas federales y no ha sido desmantelado, ya que subrayó, actualmente se encuentra en curso el proceso de destrucción y traslado de las sustancias y los objetos encontrados, en cumplimiento al marco normativo aplicable y bajo las condiciones más seguras para el personal interviniente.
“Lo más destacable al respecto es reiterar que la FGR trabaja en el esclarecimiento de los hechos para dar con las personas responsables que participaron en los mismos”, expuso.
¿Qué es Traición a la Patria?
De acuerdo con el Artículo 123 de la Constitución el delito de traición a la patria es cualquier acto contra la independencia, soberanía o integridad de México con la finalidad de someterla a un gobierno extranjero.
También si alguien toma parte de actos de hostilidad contra México mediante acciones bélicas o coopere con gobiernos extranjeros para perjudicar a México.
Así como que forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros dentro o fuera del país.
Al igual proporcionar dolosamente o sin autorización documentos, instrucciones o de posibles actividades militares. También si alguien oculta o auxilila el espionaje.
Por esto y cualquier otra acción que se cometa para debilitar al estado mexicano, podría imponerse una pena de prisión de entre cinco y 40 años; así como una multa de hasta 150 mil pesos.
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dft/bmc
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