Entre controversias constitucionales, así fue el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca en 2021

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En febrero de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia para eliminar el fuero constitucional al entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a quien acusaba de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Sin embargo, el caso desató controversias constitucionales entre la Cámara de Diputados y el Congreso de Tamaulipas, debido a que el Artículo 111 de la Constitución, precepto constitucional que regula el proceso de desafuero, es ambiguo.

De acuerdo con éste, para proceder penalmente por delitos federales contra un gobernador es necesario que la Cámara de Diputados declare por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los presentes, que se puede proceder.

No obstante, para el caso de gobernadores, la protección constitucional únicamente considera acusaciones por delitos federales, pues, según la Carta Magna, para delitos estatales la declaración de procedencia o desafuero deberá aprobarse por la Legislatura Local.

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“Para poder proceder penalmente por delitos federales (...) se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”, establece.

Con ese argumento, el Congreso de Tamaulipas sostuvo que la decisión de mantener o no el fuero a García Cabeza de Vaca era competencia suya, sin embargo, en abril de ese año, tanto la Sección Instructora como la mayoría del pleno de la Cámara de Diputados avalaron desaforar al tamaulipeco para que pudiera ser procesado penalmente.

Tres meses después, en julio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una controversia constitucional promovida por el Congreso de Tamaulipas y fue hasta 2022 que el Máximo Tribunal falló a favor del Congreso Local, al considerar que desde el recinto legislativo de San Lázaro "violaron directamente la Constitución y suplantaron indebidamente las facultades del Congreso del Estado de Tamaulipas”.

La resolución estableció que García Cabeza de Vaca seguía contando con el fuero constitucional local, toda vez que el Congreso de Tamaulipas no validó la declaratoria de procedencia que aprobó la Cámara Baja, por lo que “no se completó el proceso de desafuero”.