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En fast track aprueban ley antilavado de dinero

Diputados remiten la nueva norma al Ejecutivo para sus efectos constitucionales

La oposición aprovechó la sesión en la que se aprobó la ley antilavado para denunciar el caso de Alfonso Romo. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
01/07/2025 |05:15
Antonio López Cruz
Reportero de la sección NaciónVer perfil

Diputados de Morena y aliados aprobaron en lo general y en lo particular, por 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones, la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para combatir el lavado de dinero.





La minuta avalada fast track por los legisladores del oficialismo, ya que se discutió con carácter de “urgente resolución” y sin que fuera analizada en las comisiones ordinarias, fue remitida al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

La reforma establece en su artículo 51 Ter, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) elaborará y mantendrá actualizado un listado de servidores públicos que serán considerados políticamente expuestos.

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Los poderes Legislativo y Judicial, las dependencias y entidades de la administración pública federal, local y municipal, los organismos constitucionales autónomos y empresas públicas del Estado, la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías o procuradurías locales deberán proporcionar a la SHCP “su listado específico de personas políticamente expuestas”, así como información, datos, imágenes y documentación a la que tengan acceso y que sea requerida.

En el caso de los partidos políticos nacionales y locales, agrupaciones políticas nacionales, coaliciones, precandidaturas, candidaturas independientes y de partido, el Instituto Nacional Electoral (INE) u Organismo Público Local Electoral tendrán la obligación de proporcionar la información que solicite la SHCP.

“Información de los sindicatos y sus dirigentes podrá ser requerida a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social u órgano equivalente a nivel local”, detalla la reforma.

Las modificaciones no incluyen la investigación del financiamiento al terrorismo, que fue eliminada por los senadores de Morena en la Cámara Alta.

La reforma establece que la SHCP deberá investigar el uso de tarjetas de servicio o de crédito cuando el gasto mensual acumulado sea igual o superior a 805 veces el valor diario de la UMA (113.14 pesos), es decir, 91 mil 77 pesos.

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