La aprobó y envió al poder ejecutivo federal una reforma a la Ley Federal del Trabajo para facultar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a emitir el Certificado Laboral para la Agroexportación, el cual acredite el cumplimiento de obligaciones laborales y de .

Además, con 396 votos a favor, avalaron modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Comercio Exterior en materia de protección de los ecosistemas forestales.

“Con el objetivo de establecer un marco normativo que permita que el comercio exterior agroalimentario se desarrolle bajo estándares verificables de cumplimiento de producción libre de deforestación, promoviendo prácticas responsables a lo largo de las cadenas de valor”, establece dicho dictamen.

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Los legisladores indicaron que se busca garantizar los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores del campo, quienes históricamente han enfrentado condiciones de vulnerabilidad y oportunidades limitadas de acceso a sistemas de protección social.

Señalaron que en México, ocho de cada 10 trabajadores del campo carecen de acceso efectivo a prestaciones laborales, servicios de salud, seguridad social y mecanismos adecuados de protección frente a riesgos de trabajo.

Al respecto, el diputado del PVEM, Jesús Martín Cuanalo Araujo, subrayó que México es una potencia agroexportadora; pero, precisó que lo verdaderamente relevante no es cuánto se exporta, sino en qué condiciones se produce.

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“Gran parte de las y los trabajadores del campo enfrenta condiciones de informalidad, sin acceso efectivo a seguridad social, prestaciones ni mecanismos adecuados de protección ante riesgos laborales. Tenemos que ser conscientes en México, de que tenemos que ir poniendo orden y mejorando la responsabilidad social con lo que hacemos, con lo que producimos y que aunque todo proceso de mejora duele, trae mejores condiciones para todos y que le entremos todos”, dijo.

En entrevista con medios de comunicación, señaló que la expansión agrícola sin regulación ha tenido costos ambientales severos: “México registra una tasa anual de deforestación de 208 mil 850 hectáreas, y cultivos como el aguacate, el mango, el limón y la naranja han más que triplicado su superficie cosechada en las últimas tres décadas”.

Detalló que con esta reforma, los trabajadores del campo tendrán más oportunidades: “Hoy más del 80% de los trabajadores del campo mexicano no tienen ninguna formalidad laboral, muchos viven incluso en condiciones de alta pobreza o marginación. Esta reforma va a sentar un precedente para que el resto de trabajadores del campo les mejoren sus condiciones y se les reconozca su fuerza de trabajo.

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En su participación, el diputado Víctor Samuel Palma César (PRI) manifestó que 5.3 millones de personas laboran en el sector agropecuario, pero sólo 763 mil cuentan con seguridad social.

“No cabe duda que el sector agropecuario ha respondido con creces a las necesidades del país, pero nosotros no hemos tenido la capacidad de responder con ese mismo vigor. Buscar la formalización del trabajo y la cobertura social es un propósito loable, pero en este mismo momento, en días pasados, pudimos todos observar cómo productores agrícolas han bloqueado carreteras, tomado instalaciones y salido a las calles en estados como Sinaloa, Chihuahua, Veracruz y Guerrero”, refirió.

La diputada Genoveva Huerta Villegas (PAN) sostuvo que el desarrollo económico y la competitividad de México no pueden ni deben estar peleados con la dignidad de las personas, al negarles la protección social.

“Hoy en día, el 83.6% del empleo en actividades agrícolas es informal, este proyecto busca saldar esa deuda histórica, garantizando los derechos laborales y de seguridad social de quienes trabajan en el campo”, subrayó.

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